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Cuando el fin es legitimar

La reelección presidencial, el tema de agenda en los últimos diez años en Honduras ha tenido dos etapas: el repudio y la aceptación. En el 2009 hablar de reelección dio como consecuencia un golpe de Estado, mientras que en 2017 es sinónimo de “una vida mejor”, de continuidad del actual gobierno.
Las diferencias en ambas etapas son marcadas por sus opositores. En 2009 la clase política fue tan radical que al menor espacio posible atacó al gobierno de Manuel Zelaya con la destitución, mientras que en la actualidad los opositores han sido incapaces de convocar a una protesta y se han concentrado en oficializar su participación en las elecciones sin cuestionar su legitimidad.

Todo inició en 2015, cuando el expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas, preso en Estados Unidos por corrupción en la FIFA, junto a un grupo de diputados del Partido Nacional, presentaron una moción ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reformar el artículo 239 de la Constitución de la República, con el fin de legalizar la reelección presidencial. Las reacciones se presentaron de inmediato, la oposición aglutinada en los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Anticorrupción (PAC) se pronunció en contra de ese procedimiento. Su grito de protesta fue de carácter mediático nada más.

Cuando la reelección se dibujaba en el panorama político, las redes sociales estallaron, de la misma forma que explotaron cuando se dio a conocer el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 2015 que generó las protestas de las antorchas. Los partidos de oposición demostraron su carácter publicitario y timorato al denunciar el papel del gobierno ante los medios de comunicación sin acciones concretas.

Las movilizaciones de las antorchas marcaron el tercer momento más importante de la protesta social de los últimos 25 años en el país, después de la experiencia de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) en 2008 y la resistencia contra el Golpe de Estado en 2009.

La historia marca el poder de la movilización popular y la presión que ejerce a los gobiernos. En el 2008 la CNRP hizo retroceder el proceso de municipalización del agua y dio paso a la plataforma popular de resistencia contra el Golpe de Estado del siguiente año. Así las antorchas obligaron al gobierno a entregar a varios funcionarios a la justicia nacional e internacional y traer a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) aunque no tenga la fuerza que tiene una Comisión Internacional Contra la Corrupción como la de Guatemala.

Estas experiencias demuestran que solo a través de la protesta social se puede ablandar a la institucionalidad secuestrada por los gobiernos dictatoriales, por eso, la oposición debió y debe apostarle a combinar la protesta ciudadana con acciones legales y judiciales contra la reelección.

Cuando recordamos todo el proceso que siguió el presidente Juan Orlando Hernández para legitimar su reelección, nos preguntamos si en realidad los partidos de oposición estaban en contra de la iniciativa o si realmente el objetivo final era avalarla con su participación.

La interrogante se contesta con hechos. En septiembre de 2015 Libre presentó un recurso contra la reelección ante la CSJ, la iniciativa fue negada por el pleno de magistrados, el gobierno le demostró una vez más a la gente que la institucionalidad está secuestrada por el presidente y que cualquier acción a través de esa instancia y sin protesta en las calles servirá nada más para sentar un precedente.

La impotencia legal tampoco fue un incentivo para que la oposición le apostará al camino que enseñó la población indignada en el 2015: la movilización. Esta nueva generación estaba atenta al llamado de sus líderes políticos, pero a ellos nunca les interesó esa ruta. Su única apuesta fue la institucionalidad fallida, los medios de comunicación y las elecciones.

De esa forma permitieron que el partido de gobierno avanzara en su camino continuista sin oposición alguna. El presidente Hernández logró su objetivo. Mientras lo concretaba, la oposición no logró reformas electorales, perdió al PAC y su inscripción como alianza en este momento depende del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, estructura que también es dominada por el oficialismo.

Si la oposición en su momento le hubiera apostado a la protesta como método de combinación a la lucha parlamentaria, quizá hubiese alcanzado reformas electorales que cambiaran el panorama de las próximas elecciones que favorecen al actual presidente, primer candidato a la reelección en la historia de Honduras. La continuidad del presidente sin lucha de calle se volvió más fácil.

¿Cómo confiar en elecciones, cuando no hay garantías de transparencia? ¿Es un sueño realizable ganar las votaciones de noviembre? ¿Se puede ganar sin reformas electorales? Son preguntas que están a la orden del debate actual.

Si realmente la oposición quiere ejercer presión sobre el gobierno para tener elecciones transparentes en noviembre debe acudir a la movilización ciudadana; caso contrario el fraude será inevitable y nos harán pensar que no están interesados en ganar, sino en legitimar y negociar cuotas de poder.

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