Ni siquiera en el ciberespacio. Sobre todo ahí.
Los agresores se vuelven muchos: son quienes comparten los contenidos (algunos desde el anonimato), pero también quienes los reciben, les dan mayor difusión y activamente acosan a niñas y mujeres. Las consecuencias para las víctimas suelen ser silenciosas, apenas perceptibles, pero cargadas de un profundo impacto emocional, y en algunos casos, han resultado fatales.
Las mujeres sufren la divulgación de imágenes íntimas sin su consentimiento en aplicaciones como Telegram, personas desconocidas incluso lucran con estos contenidos, y algunas terminan en redes de trata digitales. La divulgación puede ocurrir cuando alguien a quien confiaron esas imágenes las difunde sin su permiso, o debido a hackeos pensados meticulosamente para robar el contenido.
Las niñas y adolescentes no solo enfrentan la divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), sino que también son víctimas de la explotación de fotografías tomadas en entornos aparentemente seguros. Imágenes capturadas en el hogar, durante reuniones familiares, o por sus propios padres y madres, a menudo compartidas en redes sociales con la mejor intención, pueden ser robadas y publicadas en grupos de pedofilia. Esta situación no solo viola su privacidad, sino que también las expone a ellas y a sus familiares a un acoso implacable y las deja en una posición de extrema vulnerabilidad.
Ante esto, varias víctimas se han unido y hoy esperan promover la «Ley Olimpia» en Honduras, un compendio de reformas legales que inició en México y ahora se ha extendido a varios países del mundo, con lo que se busca poder atender a las niñas y mujeres que sufren ciberviolencia.
HALLAZGOS
Este es un especial de Contracorriente.
