En el sur de Honduras, el Estado ha privilegiado a la gran industria camaronera por sobre las cooperativas de pescadores. En medio del debate sobre una propuesta de Ley de justicia tributaria impulsado por el gobierno de Xiomara Castro, y que eliminaría los regímenes especiales existentes, empresas y pescadores se ven en un callejón sin salida. Mientras una empresa recibe beneficios con un impacto fiscal de L 17,354 millones en el Presupuesto de la República, desmantelar esos incentivos acabaría con la principal fuente generadora de empleos en la zona, pese a la desigualdad que esta genera en las comunidades pesqueras y en la contaminación de los recursos naturales.