Las Fuerzas Armadas publican semanalmente un periódico en el que aprovechan para atacar a medios y periodistas.
Sinohydro, la empresa china señalada por comunidades lencas por su participación en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en 2013
La percepción ciudadana sobre la presencia del narcotráfico en instituciones estatales hondureñas aumentó en 2024, según reveló el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). Un 52.8 % de la población cree que el narco está «muy» presente en las instituciones estatales, lo que superó el 47.9 % del anterior sondeo. Además, en la ciudadanía persiste el escepticismo hacia el estado de excepción decretado desde 2022 y ampliado arbitrariamente por el actual gobierno incluso en año de elecciones.
El fiscal general Johel Zelaya no ha nombrado un nuevo director en la la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) tras la salida de Soraya Cálix del puesto, y ha mantenido a cargo al subdirector que está desde 2015, pese a que la Ley del Ministerio Público y el Reglamento de la DLCN no contemplan la delegación de funciones a este funcionario en ausencia de un director. La omisión de este nombramiento se da un año después de que una comisión especial del Congreso Nacional (CN) sugiriera la intervención de la DLCN tras identificar «posibles actos constitutivos de delito» a lo interno de esa unidad del Ministerio Público (MP).
A pesar de la incorporación de la tecnología biométrica, las elecciones primarias e internas del 9 de marzo estuvieron marcadas por denuncias de manipulación de actas. Mientras el Ministerio Público (MP) investiga posibles delitos electorales en Juntas Receptoras de Votos (JRV), observadores y analistas señalan fallos en la capacitación del uso de la tecnología biométricas, y presiones políticas en las Juntas Receptoras de Votos; además, exigen reformas profundas al Consejo Nacional Electoral (CNE) por su alta politización y falta de independencia.
La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. enfrenta acusaciones de fraude por parte del Ministerio Público (MP) tras incumplir su contrato con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que generó retrasos en la entrega de material electoral en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Uno de los socios de esta empresa es hijo de un fundador del Partido Libre y amigo del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. La fiscalía también investiga posibles colusiones entre funcionarios del CNE y la empresa.
Tras los hechos ocurridos en las elecciones primarias en las que, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas han sido cuestionadas, el gobierno hondureño dice respaldarlas unánimemente y las califica de «diferentes». En ese contexto, en el último Consejo de Ministros, funcionarios defendieron a la institución castrense y aplaudieron al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, pese a su responsabilidad en la cadena de custodia en el desastre logístico de las elecciones primarias del 9 de marzo. Al mismo tiempo, acusaron al bipartidismo de intentar desestabilizar a la institución, que históricamente ha sido señalada en múltiples ocasiones por violaciones a derechos humanos, manteniéndose en la impunidad y acumulando poder.
La querella por calumnia e injuria presentada por el ministro de Finanzas Christian Duarte contra Radio Cadena Voces y su director, Dagoberto Rodríguez, tras una publicación que vinculaba al gobierno con supuestos desvíos de fondos públicos, se suma a otras acciones del oficialismo que, según defensores de derechos humanos, buscan intimidar, censurar a la prensa y la libertad de expresión en el país. A pesar de la acción legal promovida por el gobierno, el 26 de marzo el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró «no ha lugar» la misma.
Los fallos logísticos durante las elecciones primarias del 9 de marzo afectaron a 20 centros de votación donde en procesos electorales anteriores el 72 % de los votantes fueron del Partido Nacional y Liberal. La empresa encargada del transporte, que fue adjudicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 12 días antes de las elecciones y que firmó contrato tres días antes, no estaba certificada como proveedora del Estado.
Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla se perfilan como candidatos presidenciales de los partidos Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, respectivamente, después del último corte de resultados electorales preliminares emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras unas accidentadas elecciones primarias celebradas el domingo 9 de marzo. El CNE atribuyó retrasos en el traslado del material electoral y violaciones a la cadena de custodia en Tegucigalpa a una empresa contratada por más de 60 millones de lempiras.
Jorge Cálix, diputado del Congreso Nacional (CN) y exmiembro del Partido Libre, busca la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, con un discurso centrado en la seguridad «a cualquier precio», inspirado en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Con una carrera marcada por controversias y disputas internas, Cálix ha enfrentado acusaciones de fraude y críticas a sus controvertidas relaciones familiares. Sin embargo, a pocos meses de cumplir 40 años, confía en que saldrá victorioso del proceso electoral primario de mañana y que en noviembre llegará a la Casa Presidencial como el presidente más joven de la historia hondureña
Funcionarios de gobierno y hasta la misma presidenta Xiomara Castro aplauden y comparten los mensajes pro Libre difundidos por un grupo de cuentas en redes sociales que se autodenominan como espacios de noticias. En uno de estos sitios, es moderadora de una entrevista una empleada de gobierno y un candidato del partido oficial. De fondo, el gobierno de Castro es señalado de desviar millones de lempiras para financiar la propaganda y, además, reparte más de 255 millones de lempiras en pauta publicitaria entre grandes medios, medios locales, comunicadores a título personal, incluyendo a un precandidato a diputado de Libre y una precandidata del Partido Liberal.
Información del Ministerio Público (MP) a la que accedió Contracorriente indica que el 7 de febrero de 2025 la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió una solicitud de investigación de otra unidad fiscal por posible responsabilidad penal de cinco magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes habrían incurrido en prevaricato judicial al favorecer con una sentencia a exfuncionarios que otorgaron contratos a la organización criminal Los Cachiros y que fueron acusados de delitos de fraude y lavado de activos.
A nueve años del asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres, aún falta hacer justicia, con uno de los autores intelectuales prófugo y otros cuya responsabilidad en el crimen no ha sido esclarecida ante la justicia hondureña. Mientras tanto, el Gobierno hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, según indicó a Contracorriente uno de sus miembros, trabajará de manera técnica y legal con el Ministerio Público (MP) para presentar nuevos casos relacionados con el expediente ante los tribunales hondureños.
La suspensión por 90 días de la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) afecta a grupos vulnerables como migrantes, personas LGBTIQ+ y víctimas de desplazamiento forzado en Honduras. Usaid, que en 2024 destinó 152 millones de dólares al país, ejecutaba programas en áreas como educación, salud y gobernanza. La medida se suma a la tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos, en medio de una posible reorganización de la ayuda internacional.
El gobierno ha declarado una lucha contra las élites económicas, pero el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha suspendido desde 2022 las auditorías de fiscalización tributaria, a pesar de que mantiene un costoso Departamento de Auditoría Tributaria, con más de 90 empleados. Esta medida, adoptada bajo la gestión de Marlon Ochoa, genera preocupación en expertos en derecho tributario, pues deja a las empresas en una especie de «amnistía factual» y pone en duda la efectividad de las transformaciones del sistema fiscal prometidas por la administración de Xiomara Castro.
El Poder Judicial hondureño enfrenta una nueva polémica, al darse a conocer una denuncia que fue interpuesta en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público contra los magistrados de la Corte Suprema, Mario Díaz y Nelson Mairena, acusados de recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al IHSS. Hace unos días el fiscal general Johel Zelaya confirmó una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres. La denuncia incluye cohecho y lavado de activos, en un caso que podría derivar en antejuicio o juicio político.
Nicolás Maduro asumió su tercer mandato como presidente de Venezuela el 10 de enero, en medio de acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos. Tras ello, Washington ha aumentado las recompensas por información sobre Maduro y otros funcionarios venezolanos, por sus presuntas vinculaciones con las FARC y el cártel de Los Soles. En Honduras, el fortalecimiento de la relación entre Xiomara Castro y Maduro ha intensificado las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
El próximo 20 de febrero se cumplirá un año desde que Natalie Roque anunció su «retiro temporal» como ministra de la Secretaría de Derechos Humanos debido a problemas de salud, sin especificar el tiempo de su incapacidad. Gracias a una licencia médica, Roque sigue percibiendo su salario con un aumento en junio de 2024 y beneficios que otorga el cargo, al mismo tiempo que se mantiene activa en foros televisivos. La salida de Roque coincidió con señalamientos sobre su gestión, que incluyeron denuncias de abusos laborales y manipulaciones de su parte en el Sistema Nacional de Protección (SNP).
La figura de los magistrados integrantes fue creada mediante un acuerdo entre los partidos políticos, a pesar de que admitieron en primera instancia que estaba fuera de la Constitución.
Tras la devastación que dejó la tormenta tropical Sara, con seis personas fallecidas y cuantiosas pérdidas en infraestructura, el gobierno hondureño recibió donaciones por 4.7 millones de dólares (más de 119 millones de lempiras) de organismos multilaterales y países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Los fondos fueron trasladados a instituciones que ya contaban con un presupuesto para mitigación de lluvias, las cuales quedaron autorizadas, vía decreto ejecutivo, para efectuar compras directas.
La Corte Suprema de Justicia busca construir dos nuevos salones de sesiones para la presidencia, con un costo estimado de 13 millones de lempiras. La licitación, publicada en mayo de 2024, ha recibido propuestas de dos empresas, con ofertas de 13.3 y 12.9 millones de lempiras, con el argumento de que la capacidad de los actuales salones, construidos entre 2009 y 2016, durante la administración de Jorge Rivera Avilés como jefe del Poder Judicial, ahora resulta insuficiente. Por otro lado, las y los magistrados han recibido incrementos en sus salarios y gastos de representación desde que asumieron funciones a inicios de 2023.
El exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un proceso judicial por corrupción. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal el 10 de octubre, acusándolo de lavado de activos, malversación y fraude, entre otros delitos. Las acusaciones, basadas en una solicitud de antejuicio que fracasó en 2021, se originan de un supuesto desvío de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018. La audiencia inicial está programada para el 4 de noviembre.
La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», cuyo artículo 4, literal A, otorga amnistía a exfuncionarios por delitos de corrupción, lo cual, según analistas, genera impunidad y protege a personas allegadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales y afines al gobierno de Xiomara Castro. La ley, originalmente creada para condenar el golpe de Estado de 2009, también enfrenta discrepancia con la Constitución al incluir delitos no políticos ni conexos a estos.
El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), anulando su marco normativo desde su creación en 2013. La decisión, unánime entre 15 magistradas y magistrados, pero con diferencias en cuanto a los efectos jurídicos, resaltó que las ZEDE vulneran artículos fundamentales de la Constitución. Mientras el Gobierno celebra la resolución, los inversionistas la critican, considerándola «abusiva». Además, se ha generado un debate sobre posibles cargos de traición a la patria contra las y los diputados que promovieron las ZEDE.
La organización no gubernamental Ayudando con Amor presenta irregularidades en la declaración jurada de 2022 que presentó ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, en la que afirmó no haber ejecutado proyectos ni generado cifras contables. A pesar de ello, existe un convenio firmado el 20 de junio de 2022 donde se estipula un donativo de 39.5 millones de lempiras por parte del Instituto de la Propiedad (IP). La ONG se niega a aclarar si recibió el donativo en 2022 o en 2023, y tampoco ha presentado sus estados financieros correspondientes a 2023.
Tras una convocatoria en cadena nacional en la que el Gobierno llamó a «todo el pueblo hondureño a movilizarse», este sábado 14 de septiembre se realizó el acto político del Partido Libertad y Refundación (Libre) «Poder Popular contra el golpe de Estado». En su discurso, Castro exaltó la figura del asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y criticó duramente a la oposición. A pesar de la controversia por un video que involucra a Carlos Zelaya, ex secretario del Congreso, en negociaciones con narcotraficantes, Castro enfocó su mensaje en una lucha contra la corrupción y la opresión, prometiendo una nueva victoria electoral para su partido.
Ayudando con Amor, una ONG con pocos registros, ha incumplido la rendición de cuentas financieras y su primer apoderado legal, Junior Toscano Casco, estuvo vinculado a Fredy Nájera, condenado por narcotráfico. La actual directiva de esta ONG incluye a un exempleado del gobierno y a otra persona con contrato en la alcaldía capitalina. La organización ha recibido fondos millonarios de instituciones estatales y ha sido criticada por su falta de transparencia y desvío de recursos hacia fines proselitistas.
Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BCIE, enfrenta una demanda civil por parte de esa institución multilateral. El banco lo acusa, entre otras cosas, de extorsionar a la institución a cambio de indemnizaciones «no merecidas» y de utilizarla para la compra de vehículos a Cenntro, una empresa con la que él tiene un vínculo comercial. Mossi dijo a Contracorriente que esta demanda es en respuesta a la que él interpuso primero contra el banco.
Dictaron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial contra el juez de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien enfrenta cargos por extorsión tras intentar obtener tres millones de lempiras de un empresario que fungía como testigo protegido del Ministerio Público. Vallecillo, quien jugó un papel clave en la emisión de órdenes de captura en casos emblemáticos del actual Ministerio Público, tendrá la audiencia preliminar el 6 de septiembre de 2024.
El Poder Judicial renovará su flota de automóviles con un gasto de 344 millones de lempiras, destinados a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. Aunque el 81 % de los vehículos registrados hasta febrero de 2022 tenían menos de 10 años, el Poder Judicial considera necesaria una renovación. Magistrados de la Corte Suprema aseguran que sus predecesores les dejaron los carros en «mal estado» y «se llevaron los mejores».
Representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) asistieron a una audiencia en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Tegucigalpa. La demanda del CMDBCP contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), por vulneración de derechos y daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, enfrenta objeciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que solicita el traslado del caso a los Juzgados de lo Civil.
Entre 2022 y 2024, el alcalde Jorge Aldana, el vicealcalde Carlenton Dávila y los 10 regidores municipales del Distrito Central liquidaron 67,094,552.93 lempiras en fondos rotatorios. Sin embargo, la falta de transparencia en la rendición de cuentas es evidente. La mayor parte de estos fondos se destinó a «ayuda económica social», frecuentemente entregada en efectivo y sin suficientes registros de facturas, lo que dificulta verificar su destino real.
Venezuela enfrenta tensiones tras la emisión de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, entre señalamientos de irregularidades, dan como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el 51.20 % de los votos. La oposición, liderada por María Corina Machado, no reconoce los resultados y a nivel internacional persiste el escepticismo, con críticas de EE. UU. y Chile, mientras que varios países, incluyendo Rusia, Irán y Honduras, han reconocido la victoria de Maduro.
Christian tiene 34 años de edad, es padre de familia y asalariado del transporte público en una de las ciudades más violentas del mundo para
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, pero hay una ciudad que supera las cifras nacionales: San Pedro Sula. Este es un
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