La figura de los magistrados integrantes fue creada mediante un acuerdo entre los partidos políticos, a pesar de que admitieron en primera instancia que estaba fuera de la Constitución.
Tras la devastación que dejó la tormenta tropical Sara, con seis personas fallecidas y cuantiosas pérdidas en infraestructura, el gobierno hondureño recibió donaciones por 4.7 millones de dólares (más de 119 millones de lempiras) de organismos multilaterales y países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Los fondos fueron trasladados a instituciones que ya contaban con un presupuesto para mitigación de lluvias, las cuales quedaron autorizadas, vía decreto ejecutivo, para efectuar compras directas.
La Corte Suprema de Justicia busca construir dos nuevos salones de sesiones para la presidencia, con un costo estimado de 13 millones de lempiras. La licitación, publicada en mayo de 2024, ha recibido propuestas de dos empresas, con ofertas de 13.3 y 12.9 millones de lempiras, con el argumento de que la capacidad de los actuales salones, construidos entre 2009 y 2016, durante la administración de Jorge Rivera Avilés como jefe del Poder Judicial, ahora resulta insuficiente. Por otro lado, las y los magistrados han recibido incrementos en sus salarios y gastos de representación desde que asumieron funciones a inicios de 2023.
El exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un proceso judicial por corrupción. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal el 10 de octubre, acusándolo de lavado de activos, malversación y fraude, entre otros delitos. Las acusaciones, basadas en una solicitud de antejuicio que fracasó en 2021, se originan de un supuesto desvío de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018. La audiencia inicial está programada para el 4 de noviembre.
La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», cuyo artículo 4, literal A, otorga amnistía a exfuncionarios por delitos de corrupción, lo cual, según analistas, genera impunidad y protege a personas allegadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales y afines al gobierno de Xiomara Castro. La ley, originalmente creada para condenar el golpe de Estado de 2009, también enfrenta discrepancia con la Constitución al incluir delitos no políticos ni conexos a estos.
El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), anulando su marco normativo desde su creación en 2013. La decisión, unánime entre 15 magistradas y magistrados, pero con diferencias en cuanto a los efectos jurídicos, resaltó que las ZEDE vulneran artículos fundamentales de la Constitución. Mientras el Gobierno celebra la resolución, los inversionistas la critican, considerándola «abusiva». Además, se ha generado un debate sobre posibles cargos de traición a la patria contra las y los diputados que promovieron las ZEDE.
La organización no gubernamental Ayudando con Amor presenta irregularidades en la declaración jurada de 2022 que presentó ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, en la que afirmó no haber ejecutado proyectos ni generado cifras contables. A pesar de ello, existe un convenio firmado el 20 de junio de 2022 donde se estipula un donativo de 39.5 millones de lempiras por parte del Instituto de la Propiedad (IP). La ONG se niega a aclarar si recibió el donativo en 2022 o en 2023, y tampoco ha presentado sus estados financieros correspondientes a 2023.
Tras una convocatoria en cadena nacional en la que el Gobierno llamó a «todo el pueblo hondureño a movilizarse», este sábado 14 de septiembre se realizó el acto político del Partido Libertad y Refundación (Libre) «Poder Popular contra el golpe de Estado». En su discurso, Castro exaltó la figura del asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y criticó duramente a la oposición. A pesar de la controversia por un video que involucra a Carlos Zelaya, ex secretario del Congreso, en negociaciones con narcotraficantes, Castro enfocó su mensaje en una lucha contra la corrupción y la opresión, prometiendo una nueva victoria electoral para su partido.
Ayudando con Amor, una ONG con pocos registros, ha incumplido la rendición de cuentas financieras y su primer apoderado legal, Junior Toscano Casco, estuvo vinculado a Fredy Nájera, condenado por narcotráfico. La actual directiva de esta ONG incluye a un exempleado del gobierno y a otra persona con contrato en la alcaldía capitalina. La organización ha recibido fondos millonarios de instituciones estatales y ha sido criticada por su falta de transparencia y desvío de recursos hacia fines proselitistas.
Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BCIE, enfrenta una demanda civil por parte de esa institución multilateral. El banco lo acusa, entre otras cosas, de extorsionar a la institución a cambio de indemnizaciones «no merecidas» y de utilizarla para la compra de vehículos a Cenntro, una empresa con la que él tiene un vínculo comercial. Mossi dijo a Contracorriente que esta demanda es en respuesta a la que él interpuso primero contra el banco.
Dictaron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial contra el juez de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien enfrenta cargos por extorsión tras intentar obtener tres millones de lempiras de un empresario que fungía como testigo protegido del Ministerio Público. Vallecillo, quien jugó un papel clave en la emisión de órdenes de captura en casos emblemáticos del actual Ministerio Público, tendrá la audiencia preliminar el 6 de septiembre de 2024.
El Poder Judicial renovará su flota de automóviles con un gasto de 344 millones de lempiras, destinados a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. Aunque el 81 % de los vehículos registrados hasta febrero de 2022 tenían menos de 10 años, el Poder Judicial considera necesaria una renovación. Magistrados de la Corte Suprema aseguran que sus predecesores les dejaron los carros en «mal estado» y «se llevaron los mejores».
Representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) asistieron a una audiencia en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Tegucigalpa. La demanda del CMDBCP contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), por vulneración de derechos y daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, enfrenta objeciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que solicita el traslado del caso a los Juzgados de lo Civil.
Entre 2022 y 2024, el alcalde Jorge Aldana, el vicealcalde Carlenton Dávila y los 10 regidores municipales del Distrito Central liquidaron 67,094,552.93 lempiras en fondos rotatorios. Sin embargo, la falta de transparencia en la rendición de cuentas es evidente. La mayor parte de estos fondos se destinó a «ayuda económica social», frecuentemente entregada en efectivo y sin suficientes registros de facturas, lo que dificulta verificar su destino real.
Venezuela enfrenta tensiones tras la emisión de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, entre señalamientos de irregularidades, dan como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el 51.20 % de los votos. La oposición, liderada por María Corina Machado, no reconoce los resultados y a nivel internacional persiste el escepticismo, con críticas de EE. UU. y Chile, mientras que varios países, incluyendo Rusia, Irán y Honduras, han reconocido la victoria de Maduro.
Christian tiene 34 años de edad, es padre de familia y asalariado del transporte público en una de las ciudades más violentas del mundo para
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, pero hay una ciudad que supera las cifras nacionales: San Pedro Sula. Este es un
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