Perfil de Luis Escalante

La Corte Suprema de Justicia busca construir dos nuevos salones de sesiones para la presidencia, con un costo estimado de 13 millones de lempiras. La licitación, publicada en mayo de 2024, ha recibido propuestas de dos empresas, con ofertas de 13.3 y 12.9 millones de lempiras, con el argumento de que la capacidad de los actuales salones, construidos entre 2009 y 2016, durante la administración de Jorge Rivera Avilés como jefe del Poder Judicial, ahora resulta insuficiente. Por otro lado, las y los magistrados han recibido incrementos en sus salarios y gastos de representación desde que asumieron funciones a inicios de 2023.

El exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un proceso judicial por corrupción. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal el 10 de octubre, acusándolo de lavado de activos, malversación y fraude, entre otros delitos. Las acusaciones, basadas en una solicitud de antejuicio que fracasó en 2021, se originan de un supuesto desvío de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018. La audiencia inicial está programada para el 4 de noviembre.

La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», cuyo artículo 4, literal A, otorga amnistía a exfuncionarios por delitos de corrupción, lo cual, según analistas, genera impunidad y protege a personas allegadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales y afines al gobierno de Xiomara Castro. La ley, originalmente creada para condenar el golpe de Estado de 2009, también enfrenta discrepancia con la Constitución al incluir delitos no políticos ni conexos a estos.

La organización no gubernamental Ayudando con Amor presenta irregularidades en la declaración jurada de 2022 que presentó ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, en la que afirmó no haber ejecutado proyectos ni generado cifras contables. A pesar de ello, existe un convenio firmado el 20 de junio de 2022 donde se estipula un donativo de 39.5 millones de lempiras por parte del Instituto de la Propiedad (IP). La ONG se niega a aclarar si recibió el donativo en 2022 o en 2023, y tampoco ha presentado sus estados financieros correspondientes a 2023.