El caso de Mayra sacudió al estado de Colima cuando su asesinato, implicando a elementos de la policía, se hizo público. Aunque su caso fue mediático en un principio, pronto quedó en el olvido a nivel mediático, excepto para su familia, que al final alcanzó la justicia.
Valeria, una mujer transgénero que vivía en Colima, fue asesinada en su propia casa. Su muerte, ocurrida en medio de una crisis de violencia en el estado, atrajo la atención de un grupo de abogados pro bono, que se enfrentó a la negligencia institucional y la falta de recursos para que se investigara con perspectiva de género. Tres años después, el caso está «congelado» por errores en el procedimiento de la evidencia.
El compromiso de un grupo de jóvenes de poco más de 30 años llevó a la creación de una iniciativa que brinda asesoría legal y psicológica a familiares de víctimas de delitos de alto impacto en Colima. El Proyecto Alessandra se ha convertido en un faro de esperanza para acceder a la justicia entre quienes, además de haber sufrido estas tragedias, enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Cuando una ciudad está desbordada por una crisis de muertes violentas, el acceso pleno a la justicia y reparación integral del daño se vuelve un proceso desgastante, complejo y desalentador, sobre todo para las víctimas más invisibilizadas, como las mujeres y las mujeres trans. Esto pasa en Colima, México; la ciudad más violenta del mundo, según su tasa de homicidios, feminicidios y transfeminicidios.
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