Entre 1996 y 2018, la PDDH de El Salvador registró 155 denuncias de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos seis años, 130. Aunque el gobierno no reconoce un solo caso desde la llegada de Bukele a la presidencia en junio de 2019, la cifra, según un grupo de ONG, es mucho mayor: 540 personas han sido denunciadas como desaparecidas desde que el 27 de marzo de 2022 se aprobó el Régimen de Excepción, entre ellas Rafael López Castellón, que trabaja en su molino cuando se lo llevaron acusado de terrorismo.