El 23 de junio de 2025 fueron detenidos en Costa Rica, Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado y exministro de Seguridad de ese país, y Edwin López Vega, alias «Pecho de Rata», en operativos coordinados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Ambos son requeridos por un tribunal federal en Dallas, Texas, por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas. Los señalamientos se basan en testimonios de dos hondureños extraditados a EE. UU., supuestos colaboradores de la DEA y miembros de la red criminal «La H», liderada por Humberto Neftalí Rodríguez, acusado por narcotráfico en Honduras.
Texto: Abigail Gonzales y Fernando Silva con información de La Nación y CR Hoy
Fotografías: cortesía CR Hoy
El 23 de junio de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detuvieron al exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez, y a Edwin López Vega, alias «Pecho de Rata», en cumplimiento de órdenes de arresto con fines de extradición emitidas por el Tribunal del Distrito Este de Dallas, Texas, por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas.
Gamboa fue detenido en las inmediaciones de Escazú, San José. Según informó el director del OIJ, Randall Zúñiga, en declaraciones a medios locales, el exmagistrado fue interceptado por agentes policiales, quienes le notificaron que su captura estaba relacionada con una causa por tráfico internacional de drogas.
Zúñiga explicó que se trató de una operación planificada durante más de un año. «Esta acción no fue improvisada. Nos preparamos con antelación junto a la DEA para garantizar una captura precisa y sin margen de error», dijo y agregó que, desde la destitución de Gamboa en 2018, se mantenía una vigilancia no oficial sobre sus actividades. «Cuando fue absuelto en 2019 por tráfico de influencias, no compartimos ese fallo. Por eso buscamos una vía más sólida en coordinación con autoridades extranjeras», explicó.
En paralelo, agentes de la misma unidad detuvieron a López en Cahuita, Limón, alrededor del mediodía, luego de mantenerlo bajo vigilancia durante varias horas. Según el informe, fue interceptado en un restaurante local y trasladado inmediatamente a San José.
El director del OIJ explicó que estas detenciones se efectuaron tras la recepción formal de la solicitud estadounidense canalizada por la Cancillería costarricense y avalada por la Corte Suprema. «El juez autorizó la captura en horas de la mañana, y el operativo se ejecutó ese mismo día», aseguró Zúñiga.
Los señalamientos se sustentan en información brindada por ex socios de Gamboa, entre ellos dos ciudadanos hondureños ya extraditados a Estados Unidos, quienes habrían colaborado con la DEA y aportado evidencia sobre las operaciones de la estructura criminal.
El diario La Nación de Costa Rica publicó que algunos de los testigos que sirvieron para esta acusación fueron integrantes de la banda criminal «La H», que opera en la provincia de Limón de ese país. El medio explicó que este es un subgrupo de un poderoso cartel del narco en Honduras que data de hace cinco años y se ha asociado con homicidios, narcotráfico y lavado de dinero. También aseguran que exintegrantes de la organización criminal dieron información de los hechos ilícitos luego de que ocurrieran diferencias con el ex funcionario Gamboa.
En marzo de 2025, la Policía Nacional en Honduras informó sobre la captura, tras su retorno a Honduras desde Estados Unidos, de Humberto Neftalí Rodríguez Wood, quien es señalado como el líder de la estructura criminal relacionada con Gamboa y de la banda criminal «Los Olanchanos».
Finalmente, en la audiencia inicial realizada a inicios de abril, el juzgado de criminalidad organizada, medioambiente y corrupción, resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Humberto Rodríguez.
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Reforma constitucional abre paso a la extradición por narcotráfico
Estas acciones se dieron luego de que el 15 de mayo entró en vigor la reforma al artículo 32 de la Constitución Política de Costa Rica, permitiendo la extradición de ciudadanos nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo. Ambos detenidos serían los primeros en ser extraditados bajo esta nueva disposición legal y estarán bajo prisión preventiva por dos meses mientras se cumple el proceso legal de extradición.
Las pruebas deberán ser enviadas por las autoridades de Estados Unidos al Ministerio Público de Costa Rica, que evaluará si se cumplen los requisitos procesales establecidos en la reforma constitucional de mayo. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se refirió al caso afirmando que «este es solo el primer golpe de muchos más que vendrán. El mensaje es claro: quien participe en el narcotráfico pagará dentro o fuera del país», señaló.
La legislación reformada incluye mecanismos que garantizan el respeto al debido proceso, por lo que tanto Gamboa como López tendrán oportunidad de apelar, presentar pruebas, y agotar los recursos legales en territorio costarricense.
Según el OIJ, aunque ambos fueron capturados en condiciones diferentes, estaban plenamente activos en la estructura criminal al momento de su detención. La red, según la DEA, seguía operando hasta el 11 de junio de 2025.
Del poder judicial al crimen organizado: el historial de Gamboa y los antecedentes de López
Gamboa es abogado de profesión y ha ocupado cargos públicos de alto nivel, incluyendo magistrado de la Sala III, fiscal general adjunto, ministro de Seguridad Pública, director de inteligencia y de la Unidad Especial de Intervención. Desde 2018 ejercía en su bufete privado.
Fue destituido en 2018 por el Congreso costarricense, tras ser hallado responsable de «faltas gravísimas» durante su gestión judicial. Entre las acusaciones figuraban intervenciones indebidas en causas judiciales, como la supresión del nombre del alcalde de San José en un expediente penal.
Por su parte, López es conocido por ser el presidente del equipo de fútbol de la primera división aficionada de Cahuita, según informó el medio digital La Nación en noviembre del 2023, cuando la familia de López fue investigada por legitimación de capitales.
El 22 de enero del 2014 Lopez fue capturado cuando encabezaba una caravana de tres vehículos Toyota donde incautaron 364 kilos de cocaína. Fue condenado a prisión y liberado en diciembre de 2023, tras cumplir parcialmente su condena.
En el 2014, la Fiscalía y el OIJ señalaron el crecimiento económico de López, como «gigantesco». Según informó el diario La Nación, López llegó a poseer licoreras, tiendas, restaurantes, embarcaciones artesanales de lujo, canchas sintéticas y un equipo de fútbol que patrocinaba. Gerald Campos, entonces subdirector del OIJ, afirmó que dichos negocios resultaban «desproporcionados» para una persona sin oficio conocido y que incluso estuvo siete años privado de libertad.
En noviembre de 2023, agentes del OIJ y del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) llevaron a cabo ocho allanamientos en propiedades vinculadas a la familia López Tyndall, mientras López permanecía en prisión. Las autoridades investigaban un extenso caso de legitimación de capitales, presumiendo que integrantes de la familia habrían utilizado recursos provenientes del narcotráfico para desarrollar negocios como bares, gimnasios, alquiler de maquinaria, venta de materiales de construcción y un redondel. En ese momento, el OIJ estimó que el valor total de los bienes ascendía a aproximadamente dos mil millones de colones.
El 8 de diciembre de 2023, un mes después de estos allanamientos, López fue liberado tras cumplir su condena en la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma.
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Gamboa y su papel en la red del narcotráfico
El medio CR Hoy tuvo acceso a la investigación que realizó la DEA donde se le atribuye a Gamboa un rol de coordinación dentro de la estructura criminal, con vínculos con el Cártel del Golfo, el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el expediente judicial, la DEA sostiene que Gamboa es «el aparente representante del Cártel del Golfo: un cabecilla con influencia en Guatemala, Honduras, Panamá y otros lugares».
La organización identificada por las autoridades estadounidenses opera en varios países de la región. «La DTO (Drug Trafficking Organization) opera en Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, México y otros lugares, y tiene vínculos con varios cárteles de la droga, incluyendo el Clan del Golfo (en adelante, ‘CDG’) en Colombia y el Cártel de Sinaloa en México», señala el expediente.
La investigación, señala que las autoridades policiales entrevistaron a dos testigos colaboradores —identificados como CW-1 y CW-2—, ambos exmiembros de la organización de tráfico de drogas, quienes aseguraron haber participado en actividades ilícitas junto a Mauricio Gamboa Sánchez.
El testigo CW-1 identificó a Gamboa como un «traficante de cocaína costarricense», responsable de coordinar cargamentos de droga con diversos actores, incluyendo a Alexander Zacarías Herrera Hernández y Guillermo Gilberto Herrera Hernández. Según el testimonio, CW-1 estuvo presente cuando Gamboa y sus socios «recibieron varios cargamentos marítimos de cocaína en la provincia de Limón, Costa Rica, por un total de varias toneladas».
CW-1 también declaró que fue testigo de «cómo Gillermo. Herrera o Alexander. Herrera pagaban al Sr. GAMBOA SÁNCHEZ ganancias por narcotráfico que oscilaban entre 200.000 y 500.000 dólares estadounidenses por el transporte de cargamentos de cocaína».
Además, aseguró que Gamboa mantenía vínculos con cuerpos de seguridad del Estado, «Gamboa Sánchez era responsable de trabajar con la Guardia Costera de Costa Rica y las autoridades policiales para garantizar el tránsito seguro de los cargamentos de cocaína, así como para garantizar que los miembros de la organización no fueran objeto de persecución ni enfrentaran investigaciones abiertas en su contra por parte de las autoridades», indicó CW-1.
Por su parte, el testigo CW-2 declaró a las autoridades policiales que él personalmente recibió aproximadamente 3,000 kilogramos de cocaína en Honduras, en julio o agosto del 2021, por parte de Alexander Herrera y Gamboa Sánchez.”
Añadió que «la cocaína fue suministrada a Alexander Herrera por la organización narcotraficante del Cártel del Golfo», señalando una conexión directa entre los implicados y una de las estructuras criminales más grandes de México.
Según los documentos, esta red habría operado desde al menos el año 2020 y estaría involucrada en la importación de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
El requerimiento estadounidense, cita que el exfuncionario enfrenta dos cargos: Fabricación y distribución de cocaína con la misma intención y participación además se le señala como cómplice de dicha actividad delictiva.
Según el expediente, Gamboa no registra movimientos migratorios desde mayo de 2019. Las autoridades consideran que, pese a ello, «habría conseguido todas estas conexiones a través de llamadas y chats por teléfono celular, en los que se discutían los negocios ilícitos y la logística para trasladar droga».
Los documentos mencionan además que Gamboa se habría convertido en «una especie de coordinador regional criminal, con influencia en varios países centroamericanos», en colaboración con antiguos clientes, como López. Mientras que a López dentro se le atribuía la logística de cargamentos marítimos provenientes de Colombia, su posterior redistribución en territorio centroamericano y el aseguramiento de su llegada a EE.UU.
La investigación indica que López formó parte de una red de narcotráfico desde al menos el año 2008, vinculada a cárteles como el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Operaba en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y otros países, coordinando envíos marítimos de droga y gestionando la recepción y almacenamiento de cocaína en Costa Rica y Panamá, antes de su distribución final.
López, enfrenta dos cargos por conspiración para fabricar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE.UU.
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La Embajada de EE.UU solicitó la extracción de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, también ciudadano costarricense, cuya orden de arresto se emitió el 12 de mayo de 2021. El subdirector del OIJ, Michael Soto, indicó que Alfaro fue detenido el 25 de junio por su presunto vínculo con el tráfico internacional de drogas.
Asimismo, señaló que la captura de Álvarez Alfaro se enmarca en una serie de operativos realizados en los últimos días para detener a personas solicitadas por las autoridades estadounidenses. «Acabamos de detener al tercer costarricense de nombre Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, el mismo vinculado con el tráfico internacional de drogas», declaró Soto.
Los delitos que se le imputan son conspiración para fabricar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, así como fabricación y distribución de dicha sustancia con intención y conocimiento de que sería importada ilegalmente a EE.UU.
Álvarez es considerado miembro de la misma organización criminal a la cual se encuentra vinculado Gamboa y López.
Entre 2014 y 2021, Álvarez Alfaro habría sido responsable de recibir, almacenar, transportar y distribuir cargamentos de cocaína en Costa Rica y Panamá, así como de coordinar su paso hacia Nicaragua, El Salvador y Guatemala para su posterior llegada a Estados Unidos. La investigación indica que «El imputado fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de narcotráfico de la DTO en Costa Rica, Panamá y otros países».
A la lista de solicitudes de extradición presentadas en los últimos días por la Embajada y que ya mantienen a tres personas detenidas, se suma el caso de Alexander Leudo Nieves, nacido en Buenaventura, Colombia, y nacionalizado costarricense.
Las autoridades estadounidenses presentaron una solicitud formal ante el Gobierno de Costa Rica en la que advierten sobre una posible fuga del requerido, «para la Embajada, la solicitud, reviste carácter de urgencia, debido a que las autoridades policiales han recibido información que apunta a una inminente huida del fugitivo de Costa Rica» expresa el expediente.
La solicitud fue realizada por el Tribunal del Distrito Este de Texas el pasado 12 de junio, se le imputa por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como la fabricación y distribución directa de dicha sustancia, ambos con el objetivo de introducirla ilegalmente en Estados Unidos. Nieves es señalado por su participación dentro de una organización DTO.
De acuerdo con la acusación estadounidense, Leudo Nieves fue parte activa de la estructura criminal desde aproximadamente el año 2015 hasta al menos el 12 de junio de 2025. «El imputado fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de narcotráfico de la DTO en Costa Rica y otros lugares», detalla la solicitud. Entre sus funciones, estaba la coordinación en la recepción de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y Panamá, así como el almacenamiento y redistribución de la droga dentro del país y hacia otros destinos.
Finalmente, la solicitud incluye la incautación de los bienes. «Se solicita la incautación de todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos en posesión del señor Leudo Nieves al momento de su detención que puedan utilizarse como prueba de los delitos por los que se solicita su extradición».
