Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia
El compromiso de un grupo de jóvenes de poco más de 30 años llevó a la creación de una iniciativa que brinda asesoría legal y psicológica a familiares de víctimas de delitos de alto impacto en Colima. El Proyecto Alessandra se ha convertido en un faro de esperanza para acceder a la justicia entre quienes, además de haber sufrido estas tragedias, enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Proyecto Alessandra nació en el primer semestre de 2021 como una respuesta directa a la crisis de seguridad que comenzaba a afectar al estado de Colima, en México, marcada por un aumento significativo en los casos de feminicidios, homicidios y desapariciones, especialmente de mujeres. «Era una crisis de seguridad que no habíamos tenido nunca antes», recuerdan Carolina Valdez, internacionalista y directora operativa del proyecto, y Johny Alonso, abogado y director jurídico del proyecto.
Los jóvenes, de poco más de 30 años, junto con otros cuatro profesionistas, iniciaron con recursos propios y sacrificando sus tiempos personales, la iniciativa para brindar acompañamiento y asesoría legal y psicológica gratuita para personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos.
Una situación que identificaron, y les llevó a movilizarse, organizándose para brindar sus servicios pro bono a la sociedad, es que la violencia pareciera ensañarse con las personas en condiciones de vulnerabilidad: se dieron cuenta de que en una gran cantidad de casos, las víctimas y sus familias no podían acceder a servicios legales debido a la falta de recursos económicos.
«Nos basamos en un diagnóstico en el cual entendemos que hay personas que no pueden acceder a la justicia porque no tienen dinero para pagar un abogado», explican, enfatizando que las víctimas de estos delitos graves, y sus familias, «no pueden acceder a la justicia y son casos muy dolidos, que nos lastiman mucho como sociedad».
En el estado de Colima, el 25.1 % de la población vive en situación de pobreza moderada, aproximadamente 197 mil personas, y 2.71 % padece pobreza extrema, 21 mil 300 de sus habitantes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las principales carencias sociales de Colima fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación.
Otra de las problemáticas centrales que detectaron los fundadores del proyecto es que, aunque las víctimas de delitos tienen el derecho legal a recibir asesoría jurídica gratuita por parte del Estado —de acuerdo con la legislación mexicana—, en la práctica este derecho a menudo no se garantiza de manera efectiva.
«La falta de recursos económicos en la administración pública repercute en la calidad de la asesoría jurídica que se recibe, porque es demasiada la carga de trabajo; son demasiados los asuntos que lleva un solo asesor jurídico al día», coinciden Caro y Johny.
Esto provoca que muchas familias vean «mermadas sus aspiraciones de querer que se haga justicia de manera pronta y expedita», dice el abogado.
El déficit en la atención jurídica se agrava por la limitada cantidad de personal asignado para atender los casos de víctimas. Son matemáticas simples: en Colima los delitos aumentaron a raíz de la separación de Los Mezcales del CJNG; tan solo los homicidios crecieron casi un 50 % de 2021 a 2022, pero no así el número de personal asignado por el sistema judicial para resolverlos, y mucho menos la cantidad de servidores públicos que brindan asesoría jurídica para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad económica.
En el municipio de Manzanillo, por ejemplo, una de las tres demarcaciones en que se divide el estado de Colima para fines de procuración de justicia, hay solamente tres personas como órganos jurisdiccionales de control: dos mujeres y un varón, tres como asesores jurídicos y dos defensores públicos en funciones.
Estos profesionales deben atender todas las carpetas de investigación, que en el caso de una sola mesa de hechos de tránsito pueden llegar a abrir hasta dos mil carpetas de investigación al año. Como resultado, estos cinco profesionistas deben encargarse de miles de carpetas, lo que claramente compromete la atención adecuada a cada caso.
Ante esta realidad, Proyecto Alessandra se propuso llenar el vacío que deja el sistema judicial público ofreciendo asesoría jurídica gratuita. «Brindamos asesoría jurídica particular, pero gratuita, sin un costo directo para las víctimas y para las familias de las víctimas. El objetivo principal es quitarles carga laboral a las asesorías jurídicas o a las comisiones de atención a víctimas», proporcionando a las familias el apoyo legal que no podrían costear por sus propios medios.
Son pocos los casos que han atendido, porque son pocas manos y todo se realiza con recursos propios. Desde su fundación han asesorado dos decenas de casos que implican violencia de género, pero los casos del feminicidio de Mayra y del transfeminicidio de Valeria son los primeros que han llegado a su final, siendo además los más desafiantes por la falta de perspectiva de género que tiene el sistema penal mexicano.
El proyecto también busca ser una red de apoyo frente a la sobrecarga del sistema judicial. Según Johny Alonso, aunque la función del Ministerio Público es investigar y esclarecer los hechos, las víctimas y sus familias también necesitan que alguien «apoye y defienda sus derechos», garantizando que los derechos de «acceso a la justicia, de conocimiento de la verdad, de reparación del daño y todas las medidas que forman parte de una reparación integral» sean efectivamente respetados.
Este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en la entidad, pero solo cinco casos han sido judicializados; y no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial.
Judicialización de feminicidios
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Un desafío adicional es la falta de recursos no solo en términos de personal, sino también de presupuesto para llevar a cabo las diligencias e investigaciones necesarias para cada caso. Los jóvenes explican que «no existen recursos para que ellos [los asesores jurídicos estatales] puedan realizar ese tipo de diligencias». Aunque es responsabilidad del Ministerio Público investigar, «ellos tienen su propia teoría del caso», lo que significa que las víctimas muchas veces necesitan otro tipo de investigaciones o apoyo que el Ministerio Público no puede proporcionar.
Además, la carga de trabajo del personal de justicia no aumenta a la par de los delitos. Como resumen los fundadores de Proyecto Alessandra, «suben los delitos, pero no sube el personal de justicia ni tampoco el presupuesto que se les asigna, tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública, para atender de forma puntual el tema de la investigación».
En este contexto, la labor de Proyecto Alessandra se ha vuelto vital para muchas familias colimenses que de otro modo estarían desprotegidas en su búsqueda de justicia. Su enfoque en la asesoría jurídica gratuita y la atención personalizada busca asegurar que las víctimas no queden atrapadas en un sistema saturado, sin las herramientas necesarias para defender sus derechos.
Como dice Carolina Valdez, su misión es ofrecer una salida a aquellas personas que, debido a la falta de recursos económicos, «no pueden acceder a la justicia, pero que merecen tener una representación digna y eficaz en su lucha por la verdad y la reparación del daño».
Si se pudiera definir a ambos abogados en una palabra esa sería: idealista. Carolina asegura que Proyecto Alessandra es un llamado a que se puede hacer valer la ley e impartir justicia, «quitar esta noción social, de que a los malos nunca se les hace nada». Johny, por su parte, cree que en la medida de que se combata la impunidad, se disminuirá la posibilidad de que los crímenes sigan repitiéndose: «la justicia rompe la espiral de violencia», asegura.
