Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia
El caso de Mayra sacudió al estado de Colima cuando su asesinato, implicando a elementos de la policía, se hizo público. Aunque su caso fue mediático en un principio, pronto quedó en el olvido a nivel mediático, excepto para su familia, que al final alcanzó la justicia.
Mayra Jazmín fue secuestrada en la ciudad de Manzanillo, Colima, el 19 de septiembre de 2021; diez días después, su cuerpo fue encontrado por transeúntes, asesinada, con heridas de bala, en una brecha cercana a la carretera a Colima capital, en las inmediaciones del poblado de Jalipa. Mayra tenía 19 años y era estilista.
Cuando la secuestraron, estaba barriendo su emprendimiento, Barber Girl, en El Colomo, una comunidad rural absorbida por el puerto comercial, llena de patios de contenedores, polvo y tráileres. Cuando los secuestradores llegaron por ella, se quitó el mandil y dejó la escoba recargada en el espejo.
De los tres secuestradores, todos policías municipales, al menos conocía a dos: uno era cliente de su barbería y otro vivía también en su misma comunidad. Seguro eso le dio confianza de acercarse a ellos.
La pareja de Mayra le confirmó a su madre, Yuri, lo que ella ya sospechaba: que algo malo había pasado. «Me dijo que se la habían llevado del local, que no estaba; se la llevaron como a las 20:35 horas», recuerda.
Los tres hombres pidieron 400,000 pesos por Mayra y su familia terminó entregando 82,000, que fue todo lo que consiguieron reunir pidiendo cooperaciones a sus amigos y familiares.
Sin embargo, el retorno de Mayra nunca se dio. Yuri seguía esperando, cuando leyó en sitios de noticias en internet que habían encontrado un cuerpo y decían que era el de su hija. Ella no lo creía, pues había entregado el dinero solicitado, pero cuando fue a preguntar a la Fiscalía, confirmaron el hecho.
Siendo personas de escasos recursos, provenientes del vecino estado de Michoacán, en busca de empleo en el puerto de Manzanillo —uno de los más importantes de América Latina—, tampoco fue fácil hacer frente a los gastos funerarios inesperados.
En más de una ocasión, con el dolor atravesado en el alma, la señora habló con periodistas locales pidiendo apoyo de las autoridades municipales y estatales, pero la ayuda no llegó.
Pasando el funeral de su hija, comenzaron a ver afuera de su casa «carros muy sospechosos» vigilándolos por horas; después personas no identificadas empezaron a seguir a toda la familia: «Nos fuimos porque no fueron cualquier persona los que se llevaron a mi hija, eran policías; entonces ¿a quién íbamos a recurrir? A nadie, ya no se confía en nadie».
Mayra, su mamá y sus tres hermanos pequeños —unos niños todavía— tuvieron que huir del lugar donde vivían por temor: fueron doblemente víctimas de la violencia. Vivieron meses bajo un puente fronterizo en la ciudad de Tijuana, Baja California, esperando asilo humanitario para resguardarse en Estados Unidos.
Algunos meses después, gracias a la intervención de un periodista, que ya conocía el trabajo de Proyecto Alessandra, Yuri entró en contacto con ellos. Sin embargo, Yuri estaba aterrorizada y llena de desconfianza, una respuesta comprensible dada la implicación de policías en el asesinato de su hija.
«Estaban viviendo bajo ese puente, intentando sobrevivir día a día, pidiendo comida, cargando el celular cuando podían», recuerda el equipo de Proyecto Alessandra. El miedo constante a las represalias y el acoso los había obligado a huir del estado. La violencia es una espiral que revictimiza.
Uno de los mayores desafíos para los asesores legales fue ganarse la confianza de Yuri, quien no solo tenía miedo de hablar, sino que también desconfiaba de todo el sistema de justicia. «Tenía miedo de que quienes la contactaban fueran cómplices de los policías implicados».
Finalmente, Yuri accedió a una llamada y comenzó a hablar sobre la pesadilla que estaba viviendo. Durante la conversación, reveló que su mayor temor provenía de los implicados en el crimen: «El temor principal era que los probables responsables fueran elementos de la policía», algo que hizo que tanto ella como su familia se sintieran completamente vulnerables. Tras varios intercambios, la familia de Mayra accedió a que Proyecto Alessandra los representara y ayudara a avanzar en la investigación y protección de sus derechos.
Como Yuri seguía en Tijuana, la organización coordinó los trámites a distancia con la ayuda de un amigo en la ciudad fronteriza, que sirvió como intermediario para trasladar los documentos necesarios.
Lo difícil de ser reconocido como víctima
Uno de los primeros obstáculos fue inscribir a Yuri y su familia en el registro de víctimas, un proceso que resultó ser increíblemente burocrático y deshumanizador. «Pedían fotografías recientes, un domicilio cierto, e incluso una carta donde narraran todos los hechos, algo que era claramente una revictimización», comentan los fundadores de Proyecto Alessandra.
La falta de sensibilidad de las autoridades no ayudaba a la familia, que ya estaba lidiando con el trauma de la pérdida. Sin embargo, los jóvenes abogados lograron que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de la familia cuando tuvieron que regresar a Colima para hacer diligencias judiciales. Coordinando con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, se organizó un operativo para escoltar a la familia durante su estadía en el estado. «Hicimos todo un operativo para que ella se animara a venir».
Una diferencia crucial entre el caso de Mayra y el de la mujer trans Valeria fue la calidad de la investigación. «El Ministerio Público tenía una investigación impecable», reconoce la organización. Se habían realizado intervenciones telefónicas y se había recuperado información crucial de los teléfonos de los sospechosos, lo que permitió esclarecer no solo el asesinato de Mayra, sino también otros delitos en los que los implicados estaban involucrados.
A lo largo del juicio, la defensa de los acusados intentó sin éxito desestimar la evidencia obtenida, alegando violaciones a derechos humanos y buscando la nulidad del cateo realizado en la casa de uno de los sospechosos. «Intentaron todo para que se declararan nulas las pruebas, pero la investigación fue impecable», afirman.
El camino a la justicia
Laura Jiménez, presidenta de la Asociación Civil Acción Afirmativa, reconoce la importancia de que, al menos a nivel de sentencia, se materialice el acceso a la justicia, ya que beneficiará a otros casos de violencia feminicida y delitos relacionados como secuestro.
«Este caso llega en un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades se resisten a aplicar el criterio de que toda muerte violenta debe ser investigado como feminicidio. Que exista ya una sentencia condenatoria nos fortalece para seguir luchando y para que se implementen de manera pronta los principios de la debida diligencia reforzada en casos de muertes violentas de mujeres», asegura.
Aunque se logró una condena, el caso aún no ha concluido completamente. La familia de Mayra sigue esperando la reparación del daño, un proceso que, según el Proyecto, aún debe pasar por varias etapas legales, incluyendo la resolución de los recursos de amparo interpuestos por los condenados. «Aún estamos en la etapa de ejecución de la sentencia», explica. Mientras tanto, la familia de Mayra, aunque sigue sufriendo la pérdida, ha podido regresar a Colima y comenzar a reconstruir sus vidas.
Yuri, la madre de Mayra, mantiene desde que volvió a Colima un altar para su hija, siempre con una vela prendida: «me siento mal porque no tiene luz donde está». Con sus propios recursos personales paga terapia psicológica que debería ser entregada o cubierta por el Estado, invirtiendo 30 dólares por sesión. Uno de los más afectados es su hijo menor, que ya tiene diez años, pero era muy unido a Mayra.
«Se acuerda mucho, en las Navidades, en diciembre, cuando tiene algún evento en la escuela, ella era la que lo llevaba. Este año me dijo: estoy feliz porque ya va a llegar Navidad y tendré un regalo, pero por otra parte no me siento feliz porque no estamos completos».
A pesar de que las estadísticas de violencia han aumentado en los últimos años en Colima, no pasó así con las solicitudes y el registro de víctimas. Y en 2022 solo se otorgó una reparación integral con cargo al fondo, para cuatro víctimas indirectas de feminicidio, por 483,000 pesos.
El caso de Mayra no solo es un testimonio de la violencia que aún afecta a muchas familias en México, sino también de la importancia de que desde la sociedad haya profesionistas que luchen por garantizar que las víctimas de violencia obtengan justicia, incluso cuando el sistema judicial parece estar en su contra. La justicia puede llegar, siempre que haya quienes estén dispuestos a perseverar en su búsqueda.
Este reportaje fue producido en el marco del proyecto Cambia la Historia, coordinado entre DW Akademie y Alharaca con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que combina la perspectiva de género e interseccional con el periodismo constructivo, promoviendo la producción de historias que visibilizan la violencia y ofrecen nuevas narrativas de resistencia en América Latina. Fue editado por la periodista hondureña Jennifer Ávila y la coordinación editorial fue de la periodista colombiana Ginna Morelo.
