Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia
Valeria, una mujer transgénero que vivía en Colima, fue asesinada en su propia casa. Su muerte, ocurrida en medio de una crisis de violencia en el estado, atrajo la atención de un grupo de abogados pro bono, que se enfrentó a la negligencia institucional y la falta de recursos para que se investigara con perspectiva de género. Tres años después, el caso está «congelado» por errores en el procedimiento de la evidencia.
Apenas 15 minutos después de terminada la rueda de prensa en que el equipo de Proyecto Alessandra se había presentado oficialmente ante la sociedad colimense, Carolina Valdez, directora operativa del proyecto, recibió una llamada que marcó el inicio de su primera investigación. «Recibimos la llamada de un familiar de una víctima de transfeminicidio», relata.
Valeria Carrasco, mujer trans de 25 años, había sido localizada muerta en el interior de su hogar en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, la madrugada del 7 de julio de 2021. Su cuerpo presentaba huellas de asfixia y habían intentado quemar la cama donde yacía; de acuerdo a conteos ciudadanos, habría sido el tercer transfeminicidio registrado en el estado en lo que iba de ese año.
En el teléfono, José Alfredo Gutiérrez, hermano de Valeria, les pedía ayuda, porque su caso estaba siendo ignorado por las autoridades. «Llegó un punto, a los dos o tres meses a raíz del hecho, en que el asesor jurídico que me habían asignado me dejó de contestar los mensajes y ya tampoco me contestaba las llamadas», recuerda.
Al recibir la carpeta de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra comenzó a analizar las pruebas y evidencias que obraban en el expediente. El caso era más complicado de lo que parecía, y uno de los aspectos más importantes era que Valeria era una mujer transgénero, un hecho que el sistema de justicia no había abordado adecuadamente.
«Desde el primer momento la familia lo comentó, pero el hermano se refería a ella como “él”», explica Johny Alonso, director jurídico del proyecto, añadiendo que este comportamiento no era un signo de rechazo, sino una muestra de cómo su familia aún lidiaba con la transición de Valeria.
La identidad de Valeria no había sido reconocida por el sistema judicial, y los registros del caso la trataban como un hombre, lo que implicaba que no se estaba investigando como un feminicidio, sino como un homicidio simple. «Lo que importa para el derecho penal es la privación de la vida», comenta el abogado, «pero en el aspecto social, es necesario visibilizar la agresión hacia una persona que pertenece a la comunidad transgénero».
Esta omisión en la investigación reflejaba no solo una negligencia legal, sino también una falta de sensibilidad hacia las personas transgénero y su derecho a ser reconocidas en su identidad.
(A continuación se muestra el acuerdo ministerial donde se reconoce su identidad)
La carpeta de investigación contenía pruebas cruciales que no habían sido procesadas correctamente. La policía investigadora encontró un condón usado con esperma en la habitación de Valeria, y el Ministerio Público mandó realizar el acto de investigación, pero en el Laboratorio de Química Forense (dependiente de la FGE) contestaron que no tenían el material para hacerlo. Sin insistir ni ejercer los controles judiciales necesarios, el Ministerio Público dejó de investigar ese rastro de ADN, una oportunidad perdida para avanzar en la identificación del asesino.
Documento que prueba que el laboratorio les dice que no hay reactivos para hacer las pruebas
Otra evidencia significativa era que Valeria había forcejeado con su agresor, por lo que quedaron restos de piel del agresor en sus uñas, y este tuvo que haber quedado con marcas de rasguños. Incluso un testigo había informado que un hombre cercano a Valeria había asistido a su funeral con rasguños visibles en el cuello y los brazos, pero no se investigó esa pista. La línea de investigación que sugería que el agresor era este hombre no fue explorada a fondo.
Cuando el equipo de Proyecto Alessandra decidió tomar el caso y empezar a corregir los errores cometidos en la investigación, se entrevistaron nuevos testigos y se insistió en realizar pruebas que habían sido ignoradas. Sin embargo, debido a la negligencia inicial, muchos de los actos de investigación ya no arrojaban resultados concluyentes.
A pesar de sus esfuerzos, las líneas de investigación comenzaron a agotarse. «No podemos tener la identidad probable de una persona que haya cometido la privación de la vida de Valeria», lamentan. Como resultado, el caso quedó «congelado», pendiente de nueva información o avances inesperados que pudieran surgir en el futuro.
Sin embargo, este congelamiento del caso permitirá que la familia de Valeria pueda recibir una compensación económica y atención psicológica por parte del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Ese es el siguiente gran reto: enfrentarse a la burocracia y tramitología que complica el incluirse en el registro de víctimas y luego insistir, por quién sabe cuánto tiempo, para acceder a algunos de los pocos recursos disponibles para reparar el daño a las víctimas de violencia en Colima.
El caso de Valeria no ha concluido. Aunque se han agotado las líneas de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra sigue comprometido en hacer todo lo posible por mantener viva la memoria de Valeria y buscar justicia para su familia. «El delito de homicidio es imprescriptible», recuerdan los jóvenes; «se puede tardar el tiempo que sea necesario, pero vamos a seguir buscando«.
