La noche del 26 de abril, la Policía Nacional reprimió con balas y gas lacrimógeno la manifestación en el desvío de Las Hormigas, en El Triunfo, Choluteca, donde había más de 1,500 manifestantes. La causa del conflicto es común y estructural en el sur de Honduras: seguir concesionando a la empresa privada la gestión, explotación y ordenamiento de los bienes y servicios públicos.
A raíz de la cesión al Grupo W, en plena pandemia, de la construcción de una terminal para ordenar el transporte, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, y Jairo López, del Instituto Hondureño de Transporte (IHTT), imponen el paso por la nueva terminal a todos los transportes regionales, a pesar de que esto significa encarecer el costo del pasaje que pagarán miles de personas en esa región del país.
Texto: Areli Palomo, Línea 84
Edición: Fernando Silva, Contracorriente
Investigación: Areli Palomo y Claudia Fortín Savia, Radio 89.1
Sábado 27 de abril de 2024.
Antes del intenso calor del medio día.
Hay un casquillo de bala tirado en el pavimento de la gasolinera que está en el desvío de Las Hormigas. Aquí es territorio del municipio de El Triunfo, frontera con Nicaragua, y sus comunidades tienen una larga tradición de protesta social.
Bajo este calor sureño que deshidrata rápido, y a través del potente brillo del sol, se ven bolsas de plástico de agua vacías, papeles, piedras regadas por todo el pavimento junto con muchos, muchos policías. Aquí, durante la completa oscuridad de la noche del viernes 26 de abril, la Policía Nacional desalojó a balazos, con tanquetas y gas lacrimógeno, a más de 1,500 personas, la mayoría jóvenes, según información del Frente Triunfeño en Defensa por la Vida (FTDV).
Hubo ocho heridos de bala; siete jóvenes y una mujer adulta. Según varios testimonios, la policía entró a las casas de los pobladores alrededor de la carretera a buscar a los manifestantes, y destruyó motocicletas de trabajadores de las camaroneras de la zona, que normalmente dejan sus vehículos en el desvío de Las Hormigas, a donde llega por ellos el transporte de la empresa en la que trabajan, me comenta Merciades Zepeda, tesorero del FTDV y secretario de movilización del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Massvida).
Desde el 24 de abril, el FDTV y otros grupos de pobladores de comunidades del Triunfo y Namasigüe, de manera pacífica, mantenían bloqueados tres puntos de la carretera CA-3 que va de la ciudad de Choluteca a Guasaule, la frontera con Nicaragua.
Las demandas por las que se decidió hacer el bloqueo de la carretera son tres. En primer lugar, la construcción del puente de La Pacona, que conecta a varias comunidades en El Triunfo. Esta demanda fue negociada el 13 de febrero de 2024 por el exalcalde del municipio de El Triunfo, Christian Castillo –ahora acusado por tráfico de drogas agravado y ahora prófugo de la justicia– y diferentes diputados que apoyaron esta moción y se comprometieron a realizar el proyecto con líderes y lideresas de las siguientes comunidades: La Pacona, Ojo de Agua (ambas del municipio de El Triunfo) y San Bernardo (Namasigüe).
Este fue un compromiso que los representantes de las comunidades se tomaron muy en serio, aunque no hubo un acuerdo escrito, y ahora protestan para que se cumpla.
El segundo punto es la pavimentación del tramo de carretera que va de Ojo de Agua, en el municipio de El Triunfo, hasta San Bernardo, Namasigüe. Esto se acordó al mismo tiempo que la construcción del puente La Pacona.
La última demanda, y quizá la más importante, es impedir el desvío del transporte intraurbano proveniente de comunidades de la zona y de los municipios vecinos, todos con destino a la ciudad de Choluteca, hacia el área de Balcanes, donde se construyó una enorme y lujosa terminal privada: la Gran Terminal del Pacífico, conocida como Granterpa o la Terpa.
El 24 de octubre de 2020, en plena pandemia, Quintín Soriano, actual alcalde de Choluteca, negoció la concesión de la construcción y administración de la Granterpa con la empresa privada Flefil & Asociados, S. de R. L de C. V.
Para otorgar esta concesión, Soriano se apoyó en el decreto n.° 91-2017, publicado en el diario oficial La Gaceta el 13 de julio de 2018, en el que el Congreso Nacional le da poder a los municipios para que «dentro de sus planes de desarrollo social» puedan hacer contratos para construir, entre otras instalaciones, «terminales de transporte terrestre y obras de interés público». Esta facultad se otorga a las municipalidades, dice Nidia Castillo, de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, con el objetivo de ordenar la calidad del transporte.
Castillo comenta que la construcción de la gran terminal podía hacerse por dos vías; mediante recursos públicos o por inversión privada. El alcalde optó por la segunda, y concesionó la Granterpa a la Sociedad Flefil & Asociados, S. de R. L. de C. V., por un período de 20 años. En algún momento, la concesión pasó a manos de Grupo W, fundado por la familia Williams, una de las más poderosas en el sur de Honduras, y que concentra por lo menos nueve empresas dedicadas a la construcción comercial, industrial y residencial, entre otras actividades a gran escala.
Y a pesar de que en el decreto 91-2017 se especifica, en el artículo 4, que «la municipalidad en conjunto con el inversionista privado socializarán el proyecto», no lo hicieron. Se desconocen las razones por las que el alcalde decidió concesionar a la empresa privada un proyecto tan importante para el interés público sin difundirlo.
Otra falta grave a la ley, dice Nidia, es que, según lo estipula la Ley de Municipalidades, el proyecto debió ser socializado. En el artículo 25, numeral 9, se establece la figura del cabildo abierto para comunicar este tipo de obras, y en la misma ley también se subraya la importancia de utilizar el cabildo para socializar todo lo que tiene que ver con desarrollo económico.
El lujo de la terminal es una ofensa para una población que, según datos del Banco Mundial, recibe salarios de 6.85 dólares diarios. El alcalde y la empresa privada les están obligando a trasladarse a las afueras de Choluteca, teniendo que pagar más caro el pasaje porque los transportistas no pueden entrar directamente a la ciudad. Ahora el paso por la Granterpa es obligatorio.
Aún así, el 26 de junio de 2023, mediante el acta n.° 10-23, el alcalde municipal Soriano emitió una ordenanza, prevista en la concesión que ahora tiene el Grupo W, en la que se prohíbe al transporte interurbano y rural el acceso al centro de la ciudad. Esto exaltó más la indignación de la población, que ya se había estado manifestando en contra de las imposiciones del alcalde y de las actuaciones de Jairo López, representante regional del IHTT que, según informes de medios de comunicación, había sido destituido; sin embargo, el 29 de abril él mismo salió a decir que seguía en el cargo.
Tanto el alcalde como López seguían buscando formas de llevar a los transportistas a la Granterpa. Este es el caso de Rafael Medina, el dueño de transportes Mi Yelvita, a quien dichas autoridades, junto con la Policía Nacional, han estado obligando a trasladarse a la Terpa durante el 2023.
Las manifestaciones y demandas ante la Suprema Corte de Justicia presentadas a lo largo del 2023 por parte de los transportistas han sido documentadas ampliamente por la prensa local. En un intento de frenar el descontento social, el l7 de abril del 2024 se firmó un convenio entre algunos transportistas de la zona, el alcalde, el delegado del IHTT, la delegada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), representantes de la Granterpa, los mercados de la ciudad, el Consejo de Transportes del Sur (Cotsur) y la Unidad Departamental de Prevención (Udep-06) en las instalaciones regionales del Conadeh.
Se acordó con ellos que los transportes de las zonas rurales pueden entrar a la ciudad de Choluteca, pero siempre tienen que llegar y regresar a la Granterpa y pagar un «canon», es decir, el pago periódico de una cantidad determinada a cambio de usar las instalaciones de un lugar. Un tipo de impuesto que, al final, terminará pagando el usuario con el aumento del costo del pasaje.
Presente durante este acuerdo estaba el empresario David Ignacio Williams, parte del Grupo W, fungiendo como veedor del convenio. El Grupo W no dejó de anunciar mediante sus redes sociales y declaraciones de sus representantes el éxito de la construcción de la Granterpa, el fabuloso acceso a productos comerciales, la estupenda seguridad y excelentes servicios que su terminal ofrecerá.
Al final, la falta de interés por parte del gobierno municipal y los acuerdos parciales, como el del 17 de abril, para encubrir, minimizar y no abordar la serie de problemas derivados del incumplimiento de las leyes, al no haber socializado el proyecto, fueron el detonante de estas protestas sociales.
El 25 de abril, el FTDV, con el acompañamiento de Massvida, convocó a sus bases para hacer la toma de la carretera en el desvío de Las Hormigas. Esta fue la toma más importante y con el mayor número de personas, alrededor de 3,000 durante el día, comenta Merciades Zepeda, tesorero del FTDV, quien estuvo presente en la manifestación. Los líderes del movimiento se encontraban ahí.
Otro punto muy importante es que la gente de otras zonas afectadas por el mismo problema salió a las calles y replicó la toma de la carretera. Los puntos de protesta —formados de manera espontánea— más importantes fueron los de El Empalme, El Triunfo y San Bernardo en Namasigüe; el último estaba justo adelante de Las Hormigas. «La mayoría de los grupos en las tomas eran jóvenes», me comenta Merciades.
El 26 de abril por la mañana llegó a San Bernardo un vehículo en el que se conducía Elba Reyes, abogada y delegada regional del Conadeh en Choluteca. La acompañaban en una patrulla el jefe regional de la Policía Nacional en Choluteca y Valle, Jorge Alberto Rodríguez Montoya, y el jefe departamental de la Policía Nacional de Choluteca, Walter Rafael Varela.
Antes de la represión
Me cuenta una voz joven, pero firme, de una persona que estuvo presente en la toma de San Bernardo, que el jueves 25 de abril por la tarde empezó a congregarse la gente en ese punto. «Se pusieron los cobradores de los buses. Los primeros fueron ellos», me dice. Poco a poco llegaron más, hasta formar un contingente de alrededor de doscientas personas. Los transportistas se fueron antes de caer la noche y el resto de la gente se quedó.
Según fuentes presentes en el lugar, que prefieren omitir sus nombres por seguridad, alrededor de las 11:00 de la mañana del día viernes 26 de abril, una abogada de la regional del Conadeh en Choluteca se presentó, junto con dos patrullas de policías, a la toma de San Bernardo, y empezó a comunicar a los manifestantes que «llevaba información de parte del Comisionado [de transporte]».
La abogada decía que quería pasar hasta el desvío de Las Hormigas porque llevaba la siguiente información: «que se reuniera una comisión de cinco [miembros de la protesta] para ir a Tegucigalpa a reunirse con el Comisionado»; un bus particular los llevaría a la ciudad.
La idea y demanda principal de los manifestantes era que las autoridades se trasladaran a El Triunfo para dialogar con personas de la protesta, y no al revés; por eso la gente desconfió y no le permitió el paso. En un clima muy tenso, ya que llevaban más de un día de protesta bajo el calor inclemente «parecía sospechoso que quisieran llevarse a los compañeros en un bus», me dicen.
Finalmente, la abogada del Conadeh abandonó el lugar, tras un conflicto con los manifestantes por la intención de la funcionaria de grabar a una de las personas que protestaba y señalaba a Jairo López como culpable de toda la situación.
La abogada del Conadeh regresó a eso de las 2 de la tarde, esta vez acompañada por un oficial de la policía que gritaba: «¡Yo soy la autoridad!», y exigía que le dejaran pasar. El enojo de los manifestantes en San Bernardo por los gritos y la prepotencia del oficial solo hizo que les siguieran cerrando el paso.
La gente de Las Hormigas se dirigía hacia la toma de San Bernardo, y el personal del Conadeh tendría que esperar, pero no lo hicieron. Luego de una hora se fueron, y más tarde se produjo la represión.
Los mediadores
La delegada del Conadeh afirma que ella se retiró del desvío de San Bernardo porque el ambiente era muy tenso; recibía gritos e insultos, y que regresó a petición de los líderes «Danilo» y «Tomasa», con quienes habló por teléfono —desconocía quienes eran y no había escuchado hablar de ellos— cuando un motociclista los alcanzó, en el momento en que ella y los comisionados se regresaban a Choluteca sin haber podido llegar a Las Hormigas.
Comenta que Danilo y Tomasa le dijeron que le conseguirían el paso por San Bernardo. Esperó y volvió a hablar con ellos. Esta vez le dijeron que se dirigían hacia San Bernardo, pero el ambiente era cada vez más tenso. Aproximadamente dos horas después de esperar e intentar marcar a los números que el motociclista le había dado sin obtener respuesta, se fue junto con los comisionados, después de suplicar e implorar que los dejaran pasar, afirma Reyes.
Ella afirma que no conocía ni a los líderes ni a las organizaciones que convocaron a la toma, pese a que la protesta fue anunciada por el Frente Triunfeño y Massvida con anticipación, y el comunicado se difundió en medios locales. Además, Tomasa Peralta, con quien ella habló por teléfono el día 26 de abril, es la coordinadora del Movimiento Massvida y miembro del Frente Triunfeño.
En entrevista, Peralta afirma que en una reunión sostenida el día 25 de abril por la mañana, líderes del Frente Triunfeño, Massvida y directivos de mototaxis de la zona se reunieron con el subinspector de policía de El Triunfo, Samir Moncada, y le dieron a conocer no solo las demandas por las que se hacía la protesta, sino también el nombre de las personas que se habían designado para el diálogo. La función del subinspector era entregar a los comisionados de policía en Choluteca dicha información.
A pesar de esto, Reyes dice que solo se enteró hasta el día sábado 27, después de la conferencia de prensa del FTDV y Massvida, de su participación en la manifestación. Y que a ella le llegaban las comunicaciones a través de las redes sociales, nunca a través de las páginas de las organizaciones y que «nunca vieron la incidencia o conexión que podía haber entre esas organizaciones y las tomas». Ella sostiene que los líderes de las organizaciones nunca se comunicaron con ella y que tampoco «nadie se los mencionó», a pesar de que la información sobre los líderes y organizaciones fue amplia y muy difundida.
Para ella, la toma de carretera se les fue de las manos a las organizaciones, porque no hubo suficiente coordinación para que ellos pudieran mediar y llegar a un diálogo con las autoridades.
Comenta que informó a las autoridades en Tegucigalpa que no había logrado llegar al desvío donde estaban los líderes, pero que el mensaje lo habían dado para que tuviera «un efecto multiplicador», que dio las recomendaciones de la presencia de grupos vulnerables en las tomas, y que desconoce quién giró la orden de desalojo, pero que tendría que haber venido de las autoridades máximas de seguridad del Gobierno central.
La gran represión
Alrededor de las cuatro de la tarde, gente que se encontraba en El Chorizo, una comunidad de San Bernardo, envió la alerta de que la policía con tanquetas se dirigía hacia allá. Los de El Chorizo se replegaron en San Bernardo, donde la gente ya había tomado piedras y palos para defenderse.
El enfrentamiento en San Bernardo se desató alrededor de las cuatro de la tarde. La policía llegó con armas, cascos, escudos, gas lacrimógeno y una tanqueta que roció agua a los manifestantes para dispersarlos. Entre los afectados por la represión y heridos por las balas de la seguridad estatal hubo muchos jóvenes que cuentan que el agua tenía algo que les causó irritación. A muchos de los jóvenes manifestantes les han llamado vándalos, pero ellos dicen que se solidarizaron con la protesta.
Los protestantes resistieron la violencia durante horas, hasta que alrededor de las ocho de la noche, los oficiales de la policía empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Las bombas cayeron sobre las calles y las casas de los pobladores, y la gente huyó por los potreros; hubo heridos de bala. Todo duró como hasta las once de la noche. Dejaron un contingente de policías en San Bernardo. Tres buses de la policía avanzaron hasta el desvío de Las Hormigas; según el FTDV, en ese lugar había alrededor de 1,500 personas, de las 3,000 que estuvieron por la mañana. Ahí también la represión fue brutal.
«¡Vimos las luces de motos que venían rápido hacia nosotros! Eran los cipotes de Yoloran y San Bernardo que se habían replegado hasta acá», me dice Mericiades Zepeda. Sigue contando que después «la policía llegó aventando gas lacrimógeno y bala viva; los cipotes al verse acorralados agarraron piedras y terrones para tirarle a la policía lo que hallaban a su paso». Los policías empezaron a golpear gente, disparaban y todos corrían y trataban de resistir. El gas lacrimógeno llegó hasta las casas y los policías irrumpieron en varias.
El desalojo de la policía armada que enfrentó a su propia gente, que se defendía con piedras y palos, terminó en la madrugada. El saldo, hasta ahora, son ocho heridos de bala; siete jóvenes y una mujer adulta. A esto hay que sumar los incontables daños a la propiedad de las familias de las comunidades alrededor de la carretera y a la de los trabajadores que tenían sus motos estacionadas.
La represión no es liberación
A pesar de los diferentes testimonios y la evidencia de la represión, Rodríguez Montoya, jefe regional de la Policía Nacional, quien acompañó a la abogada Elba Reyes, declaró que en San Bernardo «no obtuvieron respuesta» y que los «recibieron a pedradas», y tuvieron que replegarse a las tanquetas.
Desde Tegucigalpa informaron que «tenían que realizar operaciones policiales para poder “liberar” la vía que estaba tomada». Y dentro de este concepto de «liberación», él asegura que no se utilizó ni gas lacrimógeno, ni armas; solo cascos, escudos, y que en este tipo de situaciones «han prohibido las armas de fuego porque constituye una situación de peligro tanto para el ciudadano como para la policía».
Evidentemente, el jefe regional de la Policía Nacional, junto con los responsables de la orden de «liberación», se han equivocado de concepto. Lo que hicieron y lo que vivieron más de 1,500 personas en las tomas de Namasigüe y El Triunfo fue un acto de represión de la protesta ciudadana, represión.
Finalmente, el martes 30 de abril, llegó a El Triunfo el subsecretario de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, junto con un equipo de dos personas para dialogar con el comité del FTDV y la coordinación de Massvida, reunir información sobre la represión y llevar las demandas de los manifestantes a Tegucigalpa.
Volví a pasar por Las Hormigas, en el lugar donde encontré el casquillo de bala cerca de esa gasolinera que, de haber dado el proyectil en una de las bombas, hubiera volado en pedazos a todos. Incluyendo la esperanza de todos los jóvenes que salieron a las calles en nombre de la justicia social.
Nota del autor: Esta nota está dedicada a todas las mujeres y hombres jóvenes que resistieron la represión policial y siguen luchando por la justicia social. Nunca se cansen.
Corrección: en la primera versión de esta nota se colocó erróneamente en la entradilla: Jairo Barahona del Instituto Hondureño de Turismo (IHTT), esto se corrigió a: Jairo López del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
1 comentario en “La Granterpa: la concesión que despertó la resistencia de las comunidades y a la policía represora en el gobierno de Xiomara Castro”
Un informe cronológico verás, de una grave necesidad del pueblo de dar a conocer su descontento ante el abuso de poder de nuestras autoridades, y la represión brutal y salvaje de un gobierno que prometió en su campaña política escuchar y resolver problemas y nunca más lanzar bombas lacrimogenas, gaz pimienta y mucho menos bala viva.