En la conclusión de un juicio histórico, el Tribunal falló la mañana del 5 de julio en contra de David Castillo Mejía, exmilitar y expresidente de DESA, por su probada coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista reconocida a nivel mundial. Sin embargo, tras la sentencia, la defensa del imputado ha asegurado que llevará el caso a instancias internacionales para que «la verdad prevalezca ante las mentiras y manipulaciones» de la fiscalía.
Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix
Roberto David Castillo Mejía exoficial de inteligencia del ejército hondureño y expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) fue encontrado culpable por la coautoría en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, quien la noche del 2 marzo de 2016 fue víctima de un grupo de sicarios que asaltaron su casa en el municipio de La Esperanza, Intibucá, y le dispararon en reiteradas ocasiones causando su muerte.
Según la resolución, Castillo planificó y proporcionó la logística necesaria para la ejecución del crimen que pretendía terminar con el liderazgo de Cáceres, quien se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca liderado por DESA, que afectaba al río Gualcarque, sagrado para el pueblo indígena lenca. En su momento el proyecto tenía el financiamiento internacional del Banco de Desarrollo Holandés, quienes tras el fallo han manifestado públicamente encontrarse «devastados» al conocer que financiaron una empresa cuyo director ejecutivo ha sido declarado culpable por un asesinato.
El Tribunal convocó a la lectura de la sentencia para las 9 de la mañana del lunes, y alrededor de las 11 a. m. —momento en el que la audiencia no había iniciado— afuera del edificio de justicia, entre consignas y ceremonias, la expectativa y nerviosismo se notaba entre miembros de organizaciones indígenas, afroindígenas y feministas que desde el campamento denominado Viva Berta acompañaron durante los tres meses que duró el proceso hasta la lectura de la sentencia que, al resultar favorable para las víctimas, desembocó en lágrimas de felicidad, abrazos, bailes y exigencias de más justicia en el caso. Según la representación legal de las víctimas, el fallo solo es un poco de justicia en un país repleto de impunidad, en especial en casos de asesinatos de defensores del ambiente.
En ese sentido, el Tribunal concluyó de forma unánime que el crimen fue el cierre de una planificación que inició en 2015 con comunicaciones entre Douglas Bustillo, antiguo jefe de seguridad de la empresa, y otros directivos de DESA, entre ellos David Castillo, con el fin de acabar con la oposición al proyecto puesto por Berta Cáceres y la organización que lideraba: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Douglas Bustillo, fue condenado en diciembre de 2019, justamente como coautor material del crimen, como coordinador del grupo sicarial y principal enlace con la empresa, quien permanecerá treinta años en prisión por el mismo. En la sentencia el tribunal desestimó las argumentaciones de la defensa de Castillo en las que aseguraba que las comunicaciones entre ambos coautores eran parte de otra relación laboral.
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Las hijas de Cáceres y su representante legal apuntan a llevar ante la justicia a la familia Atala Zablah, ejecutivos, accionistas de la empresa y jefes de Castillo, a quienes señalan como el eslabón principal del crimen.
Mientras tanto, la defensa del sentenciado ha dicho en un comunicado que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que se reconozcan las irregularidades cometidas en el debate del juicio oral y público.
David Castillo usó su cercanía como estrategia
«Hay que ser demasiado ingenuo para pensar que un experto en inteligencia va a estar tres años esperando para planificar una muerte, cuando en un país como el nuestro no se necesita ni acercarse a una persona, aquí prácticamente para matar a alguien entre más lejos estoy mucho mejor; no tiene sentido», explicó Juan Carlos Sánchez, representante legal de David Castillo, en una entrevista brindada a Contracorriente el jueves pasado.
Mientras da un sorbo a su café, el abogado menciona que «no necesitaban darle seguimiento porque no era necesario, ellos dos se veían en Tegucigalpa cada vez que venía la señora, desayunaban o cenaban, él ya sabía del hotel donde ella se quedaba en Tegucigalpa. Este hotel no queda en una zona muy segura, y si usted quiere ejecutar un hecho sabiendo que una persona permanece allí, es lo más fácil fingir un asalto».
El abogado se refiere a las conversaciones encontradas en el vaciado telefónico realizado en el juicio y que representaron la principal prueba para sentenciar a Castillo, allí se evidencia el intercambio de mensajes entre la líder indígena y el ejecutivo, siendo una supuesta amistad uno de los principales argumentos para defender la inocencia del imputado. Sin embargo, el tribunal concluyó que dicha cercanía fue una estrategia para obtener información sobre el paradero y movimientos de Cáceres.
Sobre esto, en la etapa de conclusiones, Castillo mencionó que era un hombre de principios cristianos, que respetaba a personas que pensaban diferente a él y que por eso había establecido una relación de amistad con la líder del Copinh, y aseguró que no la había asesinado, que no había proporcionado armas ni había dado compensaciones por el crimen, y aseguró que no tenía poder político como acusaba la representación de las víctimas.
En ese sentido Olivia Zúniga Cáceres, diputada del Congreso Nacional e hija mayor de Berta, que estuvo presente vía Zoom los cincuenta días de audiencias, dijo que ante esas afirmaciones han sentido mucha indignación: «Nosotras sabemos que un amigo no mata, además como familia recibimos el pésame del mundo entero, incluso del Papa Francisco, sin embargo, nunca recibimos el pésame de Roberto David Castillo».
En la cuenta de Facebook manejada por la familia del imputado con el objetivo de difundir la información de la defensa, el pasado 25 de junio se publicó una foto en la que se observa a Castillo y Berta abrazados, esto también fue mencionado por el abogado Sánchez, que aseguró: «En esa foto no parecen enemigos, no le voy a decir que son los mejores amigos del mundo, pero por lo menos hay una relación de cordialidad y confianza».
Sánchez también mencionó a Contracorriente —tras una entrevista que se solicitó durante casi dos años— que los medios de comunicación no han hecho el trabajo completo al no considerar la voz del acusado en esta noticia.
La acusación privada por su parte presentó el testimonio de Berta Isabel Zúniga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del Copinh, como medio de prueba en el juicio. Allí mencionó que su madre le decía que Castillo le inspiraba temor porque no la insultaba, sino que le hablaba amablemente y la vigilaba.
El poder tras el juicio
Tras conocer que el Tribunal había encontrado culpable a Castillo por el asesinato, el grito eufórico de justicia para Berta se transformó en “Faltan los Atala”. Un objetivo que, ante las evidencias de esta sentencia, parece menos imposible para las víctimas.
Desa, la empresa en la que los Atala son ejecutivos, sigue manteniendo la concesión del Río Gualcarque, gracias a un permiso de explotación otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales en Honduras, que les permite el aprovechamiento de las aguas durante 50 años. Dicho permiso ha sido llevado a investigación por parte del Ministerio Público y actualmente los funcionarios que lo otorgaron enfrentan un proceso judicial por corrupción.
Un comunicado emitido por el Copinh cita que «la causa Berta Cáceres no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas». Esta poderosa familia es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, y son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país.
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Sumado al apoyo que recibió por parte de esta familia, Castillo, en sus palabras de conclusión en el juicio, agradeció a la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHER) y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), por supuestamente propiciar consultores y peritos para el juicio. Afirmaciones que en el caso del Cohep fueron desmentidas por Juan Carlos Sikaffy, presidente de ese conglomerado, quien aseguró que «nunca han solicitado apoyo por parte del señor David Castillo, ni de ninguna persona u organización», mientras que en el caso de la AHER no hubo respuesta a las preguntas de Contracorriente.
Un hito de esta sentencia también fue el llamado a declarar para Daniel Atala Midence, quien finalmente no compareció ante el tribunal, ya que el Ministerio Público informó sobre una investigación en curso que le involucra con el crimen, resultado de las pruebas que arrojó el juicio en contra de Castillo.
El abogado Víctor Fernández, parte de la acusación privada que representó a las victimas del asesinato, dijo a Contracorriente que «el nivel de influencia que tiene esta familia es inocultable, son parte del poder económico,pero además tienen relaciones familiares y de negocios con el resto de la estructura del poder de este país, es un tremendo desafío, pero vinculando a David Castillo es automático que la causa tiene que seguir hacia la parte siguiente de la estructura, él es un instrumento, que quedó evidenciado en el juicio, pero además por otra información, como la intervención de los teléfonos».
Otro ejemplo de la evidencia que arrojaron las extracciones telefónicas en este caso es la llamada que hizo Castillo a Jacobo Atala para alertarle sobre la captura que las autoridades hicieron a Sergio Rodríguez, empleado de DESA, que en 2019 también recibió una condena de treinta años por encontrarle culpable de la coautoría material del asesinato.
Otra de las comunicaciones que compromete a esta familia fue evidenciada en la extracción telefónica de Daniel Atala, en la que se pueden leer mensajes como «ya no aguanto a esos indios», refiriéndose a la resistencia indígena lenca que lideraba Cáceres en contra del proyecto.
Sobre esto, el abogado Juan Carlos Sánchez no da tanta importancia a esas expresiones, pues asegura que son normales en alguien que se siente molesto por las acciones de alguien que está dañando su propiedad, dice que sería cínico asegurar que en Honduras no se usan ese tipo de expresiones para referirse a personas desagradables para sus propios intereses.
«Es que así somos los hondureños, es parte de nuestra idiosincrasia, no podemos santificarnos, expresamos ciertas palabras que nos parecen comunes o son parte de nuestro hablar, sin que necesariamente representen nuestro sentir como seres humanos», concluye.
En respuesta a las acusaciones de la acusación privada sobre la estructura que respalda a Castillo, el pasado jueves tras la etapa de conclusiones y en espera de la deliberación por parte del Tribunal, la defensa del ahora sentenciado emitió un comunicado en el que acusaron a organizaciones nacionales e internacionales de acosar al sistema de justicia, como parte de un plan injerencista.
Refiriéndose específicamente al pronunciamiento realizado por un grupo de diputados del parlamento europeo, el comunicado citaba que «estas presiones tan evidentes (…) tienen tintes de racismo y supremacía blanca, y muestran al país como una colonia de las coronas».
Sobre esa acusación, Olivia Zúniga aseguró que evidenciaba que «no están acostumbrados a que la justicia se les aplique, ellos creían que todo este proceso se iba a realizar en total impunidad y se iba a realizar sin ningún tipo de investigación».
Tras la sentencia que condenó a David Castillo, Dinorah Mejía, madre del imputado, aseguró en sus redes sociales que el juicio había sido una farsa y que «Dios es fiel y nos dará la victoria en su momento». La defensa ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la Sala Penal que todavía podría revertir la resolución, sin embargo hasta el momento lo seguro es que el próximo 3 de agosto se conocerá la individualización de la pena que podría ser de entre 25 a 30 años de cárcel.
