La nueva Ley Electoral aprobada el pasado martes por el Congreso Nacional, no garantiza que se evite el fraude y la crisis política en las elecciones generales de noviembre de 2021, según el criterio de analistas y especialistas en el tema político.
Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix
Con mayoría calificada, 110 votos a favor y 6 en contra, se aprobó, en el Congreso Nacional el pasado martes, los últimos 6 capítulos de la nueva ley electoral que quedaban pendientes, tras los acuerdos alcanzados entre el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (Libre), sobre todo para acallar presiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.), no obstante, recomendaciones como el balotaje y una posición firme sobre la reelección presidencial (que hasta ahora queda abierta) no están contempladas en esta nueva normativa.
El punto que tenía detenida la aprobación de esta nueva ley electoral era la conformación de las mesas electorales, que anteriormente eran conformadas por representantes de cada partido político, sin embargo, el artículo número 46 de la nueva ley, publicada el jueves en La Gaceta, establece que las juntas receptoras de votos en elecciones generales estarán integradas por cinco miembros propietarios con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designados por su los partidos políticos.
«La asignación de cada uno de los cargos de la junta receptora se determinará de la siguiente manera: un presidente, un secretario, un escrutador, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la última elección primaria, con base en la propuesta de los mismos (que en este caso son el PN, PL y Libre), y dos (2) vocales nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a propuesta de los demás partidos políticos en contienda (los restantes partidos políticos), los cuales serán designados por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad, en la totalidad de la junta receptora de votos del país», establece el artículo 46 de la nueva ley.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 14 partidos políticos para las elecciones del 28 de noviembre del 2021, y esta nueva ley deja abierta la participación de candidaturas independientes en los capítulos VI y VII.
Los partidos inscritos son: PL, PN, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, (PINU), Partido Democracia Cristiana (DC), Partido Unificación democrática (UD), Partido Anticorrupción (PAC), Partido Alianza Patriótica Hondureña (Alianza), Libre, Partido Frente Amplio, Partido de Centro Social Cristino, Partido Nueva Ruta de Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido liberación democrática de Honduras, Partido Todos Somos Honduras.
Blindaje para candidatos involucrados en casos de corrupción
La diputada del PINU, Doris Gutiérrez, dijo a Contracorriente que los diputados lo que hicieron fue blindarse entre ellos mismos, aprobando artículos en donde no se puede seguir el enjuiciamiento para los que van a cargos de elección popular y no se les puede inhabilitar hasta que tengan sentencia firme, aunque se sospeche que han incurrido en actos ilícitos.
Pero no solo los diputados. El candidato a la presidencia por el PN, Nasry «Tito» Asfura (también conocido como «Papi a la Orden»), tiene dos solicitudes judiciales abiertas. Por esa razón, uno de los puntos más controversiales es la interpretación de un artículo que no deja del todo claro si este puede o no ser inhabilitado.
Asfura, quien actualmente es el alcalde de Tegucigalpa, enfrenta procesos de antejuicios por parte del Ministerio Público que lo considera responsable de los delitos de lavado de activos, malversacion de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y fraude.
Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, dijo a Contracorriente que el PN tiene a «“Papi a la Orden” de testaferro» al que en cualquier momento van a acusar cuando lo estimen necesario para sacarlo del proceso electoral, porque «a Juan Orlando Hernández ya le dijeron los gringos que el día que salga del poder, él va preso».
Nasralla expuso que con las reformas electorales: «todo el que ha cometido robo, asesinato, tráfico y lavado de dinero queda habilitado. Las reformas solo favorecen al crimen organizado y al narcotráfico, que ahora tiene todo el campo abierto para meter más disputados narcotraficantes y ladrones».
El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Rafael Jerez, por su parte argumentó que el artículo 311 de la nueva ley, acerca de la inhabilitación por procesos judiciales, está dirigido a favorecer a los tres partidos que promovieron la reforma: PN, PL y Libre «cuyos dirigentes están involucrados en algunos procesos judiciales. Esto solo promueve la impunidad y pone en peligro el buen funcionamiento de la administración pública».
Pero para el director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), Luis Daniel León, esta nueva ley no blinda funcionarios. «Si vemos la ley vieja, en el artículo que habla de que cualquier candidato pueda participar mientras no sea condenado, el artículo es el mismo. Ejemplo de esto es que el candidato del PN está en un proceso judicial y sigue siendo candidato, significa que cualquiera puede participar hasta que se le declare culpable», sostuvo, en alusión al artículo 311, y dijo que esto no es un tema de impunidad, ni es nada nuevo, porque así ha estado funcionando en el pasado.
La abogada Gracia María Bertrand, experta en derecho penal y jueza de un tribunal de sentencia, dijo a Contracorriente que «la nueva ley favorece a los candidatos que tienen señalamientos por actos constitutivos de delito, ya que no los inhabilita para participar en el proceso, sino que exige un proceso penal con sentencia condenatoria firme».
El artículo 311 puntualiza que «las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si esta fuese el objeto principal de pretensión y recayera sentencia firme condenatoria al efecto o resultaren de la comisión de un delito o la violacion de la Constitución de la República».
En ese sentido, Bertrand, quien también es vicepresidenta del Capítulo del Norte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), estimó que «la nueva ley electoral no crea certidumbre en un proceso amañado que sigue beneficiando a los mismos partidos mayoritarios, representados por diputados que se prestaron desde sus curules a favorecer a sus partidos, anteponiendo sus intereses sobre la democracia participativa».
Transmisión de resultados
La congresista Doris Gutiérrez advirtió que todo el proceso, tanto en los consejos municipales como en los departamentales, va a ser manejado por tres partidos que también tienen representación en el CNE, del que, sostuvo: «no se puede esperar mucho en cuanto a transparencia y transmisión objetiva de resultados».
Lamentó que el PN, PL y Libre son responsables de haber creado una ley que es excluyente y, que «de alguna forma, es antidemocrática», por lo que seguramente los partidos emergentes van a reaccionar con recursos de inconstitucionalidad, que posiblemente no se los acepten. Por otro lado agregó que «es excluyendo a estos partidos, que se hacen las cosas», y que la Corte es manejada por el PNl.
Sin embargo, para Jerez, la ley tiene como cosa positiva, la regulación del sistema de transmisión de resultados, que obligará al CNE a contratar con antelación un sistema que permita actualizar los resultados el mismo día de la elección.
No obstante, Jerez cree que la nueva ley electoral no responde a la realidad del país, lo que ha provocado que muchos actores descalifiquen el proceso y «esto a la larga trae un resultado, no solo de desconocer los resultados electorales, sino de protestas sociales, muertos, heridos y una mala imagen del país internacionalmente».
Jerez añade que las reformas no responden a las demandas sociales porque de ser así, los diputados hubiesen aprobado la segunda vuelta, misma que debió ser aprobada desde el año pasado porque debía ser ratificada en una nueva legislatura. «Esto respondería a la demanda de la población si todas las reformas necesarias hubieran sido aprobadas», sostiene.
El caso Salvador Nasralla
Salvador Nasralla, quien convocó el pasado miércoles en sus redes sociales a una «gran caravana vehicular», que debió desarrollarse el pasado jueves y que no tuvo impacto, exigió representación en la totalidad de las mesas electorales y amenazó con no participar como candidato del Partido Salvador de Honduras. «Todo está dado para que el narcotráfico siga gobernando, ahora más a sus anchas sin oposición. Porque la oposición verdadera era yo, y con esto me eliminan de las mesas», dijo a Contracorriente.
Para Jerez, el candidato del PN, Nasry Asfura, tiene posibilidades muy altas de ganar, por su estructura y su red de clientelismo político y, considera, que si no participa Salvador Nasralla, eso será más ventaja para el oficialismo.
Para el sociólogo Eugenio Sosa, Salvador Nasralla es un «antisistema de partido, no antisistema capitalista, porque él arrasa con todo mundo en su crítica». Afirmó que el retiro de Nasralla podría favorecer más a Libre y al PL, «porque es un opositor menos y el voto de Nasralla no va a sumar a los cachurecos, el voto de Nasralla va a ser inclinado en su mayoría al partido Libre y una mínima parte a los liberales».
Para Sosa —quien es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)— si Nasralla no participa en las próximas elecciones, se espera un panorama más competitivo entre las tres fuerzas. «Muy probablemente la disputa va a estar entre Partido Nacional y Libre», adelantó.
Sosa añade que esta nueva ley viene a equilibrar un poco las fuerzas, porque el PN, que tenía demasiado control, ahora estará más controlado: «Este control se mueve ahora de manera más equitativa entre los tres partidos políticos, lo que pasa con Libre es que es una oposición sistémica y por lo tanto ellos negocian, y acuerdan dentro del sistema, Libre es oposición en algunos temas, pero a la hora de tomar acuerdos que le favorecen los toma sin ningún problema, pactando con el partido de gobierno y con el PL», sostuvo.
Sosa considera que estas reformas electorales no son profundas sino «ajustes» para consolidar el tripartidismo (PN, PL y Libre) en el que Salvador Nasralla resultó perdedor. Sosa agrega que la ley derogada «funcionaba muy bien para el bipartidismo», pero estas reformas vienen a ser «un cambio para la estabilidad del país».
El sociólogo reconoce que Salvador Nasralla, contrario a otros partidos minoritarios, sí resultó perjudicado, “porque si somos honestos, él tiene un caudal importante de votos, muy diferente a los partidos de maletín”. Sosa considera que la ley deja a Salvador Nasralla con apenas el 25% de probabilidades de tener representación en la mesa y, en ese sentido, “la ley no es totalmente democrática, excluye a las otras fuerzas, porque detrás de estas reformas lo que hay son acuerdos, una nueva forma de estabilidad en el país que favorece a los tres partidos políticos”.
Luis Daniel León, dijo a Contracorriente que la ley vigente es un acuerdo político, porque después de casi cuatro años lo que refleja es que los institutos políticos mayoritarios quieren evitar un conflicto poselectoral en noviembre.
León considera que esta nueva ley lo es solo en la teoría, porque en la práctica es solo una ley reformada, sin embargo, la composición de las mesas electorales evitará el «tráfico de credenciales, tráfico de votos y manipulación de actas».
Añade que cinco representantes en mesas receptoras, en lugar de catorce, ayudarán de cierta forma a controlar el proceso, aunque tampoco garantizan que no harán fraude.
«Si tres o cuatro de los miembros de estas mesas se ponen de acuerdo en hacer fraude, se va a lograr, porque la ley no regula el control de las mesas, solamente regula la conformación numérica de estas», alertó León.
León recordó que la nueva ley evitará el incremento masivo de partidos políticos que no aportan nada electoralmente. «Se reduce en más de ocho millones de lempiras el aporte de la deuda política y los partidos mayoritarios aumentan su nivel de ingreso», explicó.
El director del NIMD lamentó que en Honduras, muchos de los negocios han sido crear partidos para adquirir una deuda política y de esa forma obtener recursos o cuotas de poder a través de las credenciales, pero no porque quieran ganar.
Presiones de organismos internacionales y de Estados Unidos
«La implementación de estas reformas es el siguiente paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre», posteó en un Twitter la embajada de EE. UU., mientras que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, indicaba por esta misma vía que «cuando logramos consensos por mayoría significa que corregimos y avanzamos como democracia, sociedad y país».
Días antes de que la nueva ley electoral se aprobara, el diputado Mario Pérez, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, había manifestado que «no eran papos (tontos)» para realizar las reformas tal y como las querían el PL y Libre. Sin embargo, después de que se aprobó una reforma para acelerar la implementación de las ZEDE en Honduras, que quita soberanía territorial al Estado de Honduras, sorpresivamente los diputados nacionalistas, con 61 de los 128 diputados, accedieron a aprobar las reformas electorales.
El abogado Rafael Jerez resaltó que EE. UU. ha sido un factor importante en cuanto a influir para que se creara esta nueva ley, aunque considera que la comunidad internacional no ha estado del todo enterada de muchos artículos que se aprobaron, porque de haberse socializado algunas de estas reformas, muchos miembros de la comunidad internacional no hubieran estado de acuerdo.
En ese sentido, Luis Daniel León manifestó que su organización recomendó mayor representación en las mesas electorales: «Nosotros no creíamos que este consenso se iba a dar porque la comunidad internacional lo viene pidiendo. Desde el 2017 la OEA lo dijo en su informe, la Unión Europea la dijo en su informe, la sociedad civil, la academia, la empresa privada, el pueblo. Pero esto es lo que se pudo lograr y algo es peor que nada», remarcó.
A juicio de Nasralla, las verdaderas reformas electorales eran la segunda vuelta, ciudadanización de las mesas electorales y el voto hondureño en el exterior, pero no ninguna de estas fue aprobada.
Cuando se le preguntó sobre la publicación de la embajada de EE. UU. en Honduras, Salvador comentó que «EE. UU. desconoce los problemas de nosotros, ignora muchas cosas, ellos tienen problemas mayores en su país, miran a Honduras como quien mira una bodega llena de basura. Ir a elecciones con esta nueva ley significa que en las mesas van a estar representados los narcotraficantes y los ladrones, la democracia de Honduras no existe, esto es una orden que viene del cártel de Sinaloa, que es el que gobierna nuestro país, ellos (los narcos) tienen a Hernandez aquí y los demás les hacen el juego para que el pueblo crea que hay democracia, Libre y el Partido Liberal son partidos que les hacen el juego al PN. Me voy a retirar de la política, el partido va a continuar, pero sin mí. Voy a hacer alianzas siempre y cuando me permitan tener presencia en las mesas electorales, solo así estoy dispuesto, por eso tenemos una avanzada plática con el PINU, pero si no nos dan representantes en las mesas no tiene sentido», afirmó.
El PN ya no controlará toda la institucionalidad electoral
Eugenio Sosa cree que el PN está sufriendo mucho desgaste, mucha agresión, sobre todo porque ha perdido el favor que tenía de los organismos electorales. «Todo esto hace que de alguna manera el Partido Nacional pueda llegar a perder las elecciones», pronosticó. Sosa cree que en las reformas electorales los más favorecidos son los de Libre, que después de estar totalmente fuera en las elecciones de 2013 y 2017, ahora juegan un papel importante dentro de la institucionalidad electoral.
El investigador de la UNAH agregó que Asfura tiene una lucha competitiva y menos ventajosa que la que han tenido antes los candidatos nacionalistas, porque ahora ya no tendrá el control de toda la institucionalidad electoral: «Asfura es un candidato que tiene carisma de manera rara pero no mucho en el campo, él es un hombre que tiene poca palabra y de alguna forma esto lo hace derrotable».
*Al cierre de esta nota, Salvador Nasralla estaba contemplando alianzas con actores políticos de oposición, sin embargo, estas no se habían concretado.
