La Asamblea legislativa salvadoreña, controlada en su mayoría por el partido del presidente de la República Nayib Bukele, aprobó el 5 de mayo de 2021 una ley que impide los controles sobre las compras públicas vinculadas a la pandemia. Suena como la confirmación alarmante de una investigación llevada a cabo en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua que arroja luz sobre las tendencias autocráticas reforzadas en plena crisis sanitaria.
Texto: Celia Pousset
Fotografía: Martín Cálix
Impactos de la pandemia COVID-19 en la fragilidad democrática, es el título del más reciente estudio, de la fundación alemana Heinrich Boll Stiftung, que analiza las medidas tomadas por cuatro gobiernos de la región a fin de refrenar la epidemia. ¿Cómo los respectivos mandatarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua lidiaron con la crisis y cuáles fueron las señales que enviaron a favor o en contra de la democracia? Esta es la pregunta que la investigación, alimentada por encuestas y entrevistas, se propone explorar.
Sean cuales sean sus nombres, los llamados estados de emergencia, prevención o calamidad pública, llevaron a los gobiernos a tomar medidas restrictivas hacia la libertad individual (confinamientos, cercos sanitarios, clausuras de empresas) justificados en nombre del bienestar de la población, de su salud, del respeto a su vida. Ahora bien, el informe sugiere que «los resultados en materia de contagios y decesos parecen no haber sido afectados por la diferencia en que las medidas fueron adoptadas. Entonces, las implicaciones de esas medidas serán visibles en otros ámbitos, como la gobernabilidad».
Dicho de otra manera, el estudio interroga: ¿Hasta dónde las medidas excepcionales se justifican por la situación sanitaria? ¿Dónde empiezan las incongruencias y los abusos de poder?
Militares: «héroes de la patria»
El rol protagónico que desempeñaron las fuerzas de seguridad durante la pandemia, y especialmente los militares, es, según el estudio, una señal preocupante: «la democracia se denigra cuando son las Fuerzas Armadas las que sustituyen instituciones civiles». Nos dice que la COVID-19 fue enfrentada «como si fuera una guerra» o un «problema de seguridad», por lo que se necesitaba desplegar a los ejércitos. En Honduras, la asignación de tareas no militares a las Fuerzas Armadas, tal como la entrega de bolsas solidarias o el control administrativo de algunos hospitales, corresponde a una deriva inscrita en lo que el informe nombra la «cultura del autoritarismo».
«La preocupación surge por el simbolismo de posicionar a los militares como la institución más poderosa del país», escriben Otto Argueta y Marco Pérez Navarrete, autores de la investigación».
En El Salvador, Nayib Bukele exaltó a los militares nombrándolos «héroes de la patria que ayudan al bienestar nacional», mientras difundió un discurso intransigente hacia la ciudadanía, legitimando así los abusos de la fuerza, ya sean por parte de policías o militares. Otto Argueta y Marco Pérez Navarrete citan al actual presidente, quien exhortaba: «ser más duros con la gente en la calle, la gente que está violando la cuarentena. No me va a importar ver en las redes sociales: ay me decomisaron el carro, ay me doblaron la muñeca».
En Guatemala, la situación está descrita como similar en materia de militarización de la pandemia y mayor tolerancia institucional hacia las violaciones de derechos humanos.
Vea aquí la presentación del estudio:
Cortocircuitos democráticos y falta de transparencia
Otro punto que la investigación resalta es el rechazo hacia las reglas democráticas, ya debilitadas desde hace años, pero que en los últimos meses se vieron particularmente menoscabadas. En Honduras, ese rechazo se manifestó a través de la suspensión de las garantías constitucionales, en Guatemala por la injerencia de los principios religiosos en el manejo de la crisis, en El Salvador por la negación violenta de la legitimidad de los adversarios políticos y del periodismo independiente, entre otros.
En Nicaragua, la situación ha sido aún más grave por el no reconocimiento oficial de la pandemia. Los autores del estudio entrevistaron a diferentes sectores de la población nicaragüense y comentan lo siguiente: «La percepción sobre las medidas tomadas difiere del resto de la región, en primer lugar porque para algunas personas entrevistadas las medidas nunca existieron».
La negación de la enfermedad, así como el intento de ocultar sus estragos en el pueblo, hicieron que Nicaragua fuera objeto de críticas por parte de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta institución internacional reportó además 43 denuncias de violaciones a derechos humanos tan solo entre marzo y junio de 2020. Frente a estos reproches, Daniel Ortega se instaló en una postura victimista, alegando campañas de desinformación y odio en contra de su gobierno.
Aun así, el Gobierno de Ortega aprovechó la crisis para aprobar leyes que socavan el pluralismo político: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que establece que cada persona recibiendo fondos extranjeros no podrá pretender a un cargo público, y la Ley de Ciberdelitos que busca penalizar los medios de comunicación independientes.
¿Hacia una amnistía de los delitos cometidos en tiempos de pandemia?
La gestión de los recursos para enfrentar la pandemia fue un problema común a toda la región.
Por ejemplo, el informe subraya la incoherencia en la distribución de recursos en Guatemala. Las diferentes fuentes consultadas para el estudio expresaron que «los criterios de asignación de los recursos han sido deficientes o se teme que sean objeto de malversación a través de tráfico de influencias, corrupción y clientelismo», escriben los autores.
En Honduras, el estado de emergencia dio pie al uso desenfrenado de los recursos públicos en compras irregulares que ahora están investigadas por el Ministerio Público.
En El Salvador, los «mecanismos de transparencia y rendición de cuentas han sido anulados», deplora el informe. Por mucho que se considerara como el país con mayores fondos, aquellos terminaron masivamente invertidos en la propaganda de las acciones del Gobierno.
Ahora que el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas mandan en la Asamblea, y que los diputados votaron por anular los controles sobre las compras públicas de insumos médicos destinados a la COVID-19, numerosos sectores de la población salvadoreña se preguntan acerca del significado antidemocrático de hacer borrón y cuenta nueva.
En este contexto de opacidad financiera, la gran perdedora sigue siendo la salud pública. Es lo que deja claro la lectura de esta investigación, esclarecedora en su dimensión comparativa.
El informe explora numerosas pistas, muchas de las cuales no han podido ser mencionadas aquí, por lo tanto, les invitamos a hojearlo. Sugiere que el manejo político de la pandemia engrandeció la brecha entre la ciudadanía y sus representantes, marcando una nueva ola de desconfianza. Y que los gobiernos instrumentalizan la crisis sanitaria para acabar de desmontar las instituciones democráticas en Centroamérica. Quizás sean dos intuiciones que llegarán a confirmarse.
