La crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras genera incertidumbre sobre las elecciones de noviembre 2025. Protestas, ausencias de consejeros y denuncias por obstrucción han bloqueado procesos clave, mientras una consejera renunció a su cargo, complicando su reemplazo. La fuerte politización del CNE amenaza la legitimidad del próximo proceso electoral.
Texto y fotografías: Fernando Destephen.
El cronograma electoral marcaba que el 7 de julio, a las 10 de la mañana, las empresas interesadas en participar en las elecciones generales de noviembre de 2025 debían presentar sus ofertas para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la mañana transcurrió entre tensión y bloqueos: colectivos afines al partido Libertad y Refundación (Libre) se apostaron frente al edificio del CNE e impidieron el ingreso con una protesta, interrumpiendo el proceso de adjudicación.
La cita se reprogramó para el miércoles 9 de julio a las 6 de la tarde; sin embargo, esta convocatoria no fue atendida por el consejero representante de Libre, Marlon Ochoa.
Estos acontecimientos revelaron la profundidad de una crisis interna en el CNE. La consejera presidenta, Cosette López, solicitó presencia de las Fuerzas Armadas para el 7 de julio, para garantizar la seguridad del proceso; sin embargo, la respuesta de la institución militar fue un oficio que no ayudó a disminuir las tensiones: «Que las siguientes solicitudes realizadas por ese Consejo deberán ser dirigidas a la señora Presidenta Constitucional de la República de Honduras y Comandante General de las Fuerzas Armadas (…) de conformidad a la cadena de mando» decía.
El 8 de julio, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, llamó al pleno de consejeros al Congreso «en el marco de un proceso de interpelación pública». Al mismo tiempo, activistas de los partidos: Nacional, Liberal y Libre llegaron afuera de las instalaciones, por lo que el ambiente se tornó hostil con gritos, consignas y agresiones hacia candidatos a las próximas elecciones.
En el hemiciclo ya había iniciado la participación de la consejera presidenta, cuando fue interrumpida por los colectivos de Libre, quienes lograron ingresar a las instalaciones, a pesar de que la seguridad en el CN suele ser muy estricta. La sesión fue suspendida después de la participación del consejero Marlon Ochoa, las otras dos consejeras, Hall y López ya se habían retirado por seguridad.
En el CNE, la cita para recibir ofertas, que había sido reprogramada para el miércoles 9 de julio se movió nuevamente para el 10 de julio. En ese contexto, ante la negativa del consejero Ochoa de atender la convocatoria, la presidenta del ente, Cossette López, convocó al consejero suplente, Carlos Enrique Cardona para ocupar el lugar de Ochoa, pero este tampoco atendió y apareció en un video junto a la otra consejera suplente, Karen Rodríguez, en el que se pronunciaron asegurando que la convocatoria era ilegal.
Señalaron que, tras «haber analizado de manera imparcial y personal las posiciones de los consejeros propietarios, la Constitución de la República, la Ley Electoral y sus reglamentos (…) esta convocatoria se pretende legalizar un esquema de divulgación de resultados preliminares que no se apega a la ley», decían en el video.
El plazo para adjudicar el TREP vence el 29 de julio y, en menos de dos semanas, el pleno debe recibir las ofertas, evaluarlas y luego adjudicar el servicio TREP. En ese sentido, el 14 de julio en presencia de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se recibió una única oferta de la empresa Smartmatic para la licitación del sistema biométrico que se usará en las elecciones generales de noviembre. Otra vez el consejero Ochoa estuvo ausente.
El 15 de julio, los movimientos políticos: Unidos por la Democracia, encabezado por la abogada Nilia Ramos, y el movimiento Ciudadano Democrático 2025, representado por la abogada Karla Romero, presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra el consejero Marlon Ochoa por no asistir a las sesiones del pleno y en contra de los dos consejeros suplentes, por los delitos de traición a la Patria y otros delitos electorales. Asimismo, presentaron una denuncia contra Melvin Cevallos, líder de los Colectivos Refundacionales de Libre, por impedir la presentación de ofertas el 7 de julio.
El proceso electoral de noviembre hereda la desconfianza del de marzo, donde una parte de los centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron víctimas de retrasos que provocaron votaciones tardías.
Ahora, esta nueva crisis parece no solo deslegitimar el próximo proceso sino que revela cómo la crisis es provocada por luchas de poder entre partidos, y que se originan del «pecado original»: dejar que la estructura del organismo electoral sea estrictamente partidista.
La crisis sigue alcanzando nuevas dimensiones. Casi al mediodía del miércoles 16 de julio, la consejera representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, anunció vía X, que pone a disposición su cargo en el CNE. Ahora el Congreso debe nombrar a su sustituto, para lo que se necesitan 86 votos.
«Quiero recordarle a todos que ese reemplazo requiere 86 votos en el pleno del Congreso Nacional, lo que, a su vez, nos anticipa que esta elección, de darse, debe de seguir los procedimientos que la ley establece; en primer lugar, y en segundo lugar debe de contar con 86 votos», explicó el diputado Hugo Noé Pino.
El analista, Luis León, sugirió la posibilidad de que el Partido Liberal no debería aceptar la renuncia de Hall, mientras que, vía redes sociales, el actual presidente y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, rechazó, desconoció y desautorizó la acción de Hall y le invitó a presentar su renuncia ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCPL)
Por su parte, la consejera presidenta, Cossette López, aseguró que desconoce si Hall ha trasladado sus intenciones al Congreso y culpó de la situación a un partido político sin mencionar el nombre. López afirmó que los consejeros suplentes no pueden integrar el pleno: «según el artículo 26 de la ley electoral las ausencias definitivas no pueden ser cubiertas por un suplente, deben ser cubiertas por un nuevo propietario que debe ser nombrado por el Congreso Nacional», dijo. Los consejeros suplentes no forman parte del pleno mientras no hayan sido integrados al pleno de conformidad al artículo 17 de la Ley Electoral de Honduras.
Finalmente, la consejera López manifestó que las elecciones están en peligro: «Es claro que está en peligro el proceso, no suelen haber cambios de autoridades en medio del proceso, pero es algo que debemos gestionar con mucha serenidad».
