La concesión de territorios para la exploración y explotación minera, la construcción de proyectos de energía renovable y no renovable y la ley especial para crear Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), han generado diversos conflictos en las comunidades, en su mayoría rurales, donde los proyectos tienen impacto. El Estado ha garantizado la seguridad jurídica a las empresas, a través de 2 vías: la represión y la agilización de procesos judiciales en contra de las personas que se oponen a los proyectos. Defensoras y defensores del medioambiente en Honduras han denunciado amenazas, persecución, negación de información sobre los proyectos, secuestros y hasta asesinatos. La pandemia los ha inmovilizado en un toque de queda que ya se ha extendido por más de 5 meses.
En medio de la crisis de salud que enfrenta Honduras debido a la pandemia, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), anunció el pasado 31 de marzo, que los trámites para las licencias ambientales cambian de modalidad para realizarse de manera virtual y que las empresas que cuentan con licencia ambiental tienen la autorización para seguir operando en el estado de emergencia. Lisbeth Jiménez, miembro de la Organización Madre Tierra, sostiene que durante este confinamiento a causa de la COVID-19 se ha aumentado la explotación a los bienes naturales: «nosotros decimos que todos estamos en confinamiento menos el extractivismo», explicó.
Aquí 5 casos que lo ilustran.
Conflicto minero en Azacualpa: el cementerio que tiene oro debajo
La organización Madre Tierra ha trabajado desde hace 10 años en temas de derechos humanos con un enfoque sobre el tema de derechos ambientales, apoyando a comunidades que se resisten a proyectos extractivos. Jiménez, quien ha trabajado los últimos años de cerca con el Comité Ambiental de Azacualpa, en el departamento de Copán, al occidente de Honduras, explica que «la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), no se ha detenido en deteriorar el territorio de Azacualpa, tiene 40 años de explotar este territorio, pese a que debía finalizar operaciones en 2023, se le ha extendido su licencia ambiental».
Minosa, es una empresa subsidiaria de la transnacional canadiense Auraminerals, que fue creada en el 2000 por Guillermo Bueso, ejecutivo de Banco Atlántida. La Compañía de Bienes Atlántida S.A. de C.V. es una de las mayores accionistas de Minosa. Esta empresa minera tiene una concesión para explotación metálica de 400 hectáreas en La Unión, Copán, la cual explota actualmente la comunidad de Azacualpa y está dinamitando la zona donde se encuentra un cementerio, para extraer oro. Según datos brindados por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), esta actividad está poniendo en riesgo a 590 viviendas, las cuales pueden venirse abajo a consecuencia de los derrumbes.
Pese al confinamiento, esta empresa continúa operando y ha realizado intentos para continuar con la exhumación de cadáveres sepultados en el cementerio de esta comunidad, por esta razón, el pasado miércoles, el Comité Ambiental de Azacualpa, por medio de sus redes sociales, denunció que las detonaciones se realizan de manera continua. «Las detonaciones se hacen cada 24 horas, aproximadamente a 85 metros mínimos de nuestra comunidad. Esto ha traído impactos materiales, psicológicos poniendo en riesgo y vulnerabilidad a la población de Azacualpa. Denunciamos el silencio de todas las autoridades del Estado —locales y nacionales—, las cuales no prestan atención a estos desastres que son muy visibles ante nuestra comunidad», dicen en su comunicado.
Profundice en este conflicto aquí: Éxodo desde el espejismo minero
Las diversas amenazas del pueblo garífuna
Cuando llegó la pandemia a Honduras, las comunidades garífunas del norte de Honduras se organizaron para realizar brigadas de prevención e información sobre la pandemia. La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), realizó un manual de cuidado con saberes ancestrales y las mujeres iban de casa en casa con té de hierbas preparado y una guía con información para prevenir contagiarse de la COVID-19. Todo esto se detuvo por la violencia que no cesa en estos territorios.
Las comunidades garífunas han sido históricamente violentadas. La Ofraneh ha realizado distintas denuncias por la instalación de proyectos turísticos, ciudades modelo y cultivos extensivos en sus territorios, que no serían posibles sin el contubernio de las empresas con las autoridades estatales. En medio de estas denuncias, la persecución, asesinatos, y acciones como el secuestro reciente de 5 personas en la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, hace que el miedo inunde las comunidades.
«La violación de los territorios es para el beneficio de personas ajenas al pueblo garífuna y de esta manera se lucran empresarios e inversionistas internacionales. Esto pasa desde el gobierno de Callejas, cuando implementó nuevas medidas para el turismo, pero no del turismo como es, sino del extractivista que despoja a los pueblos», expresó Naama López, activista garífuna en una protesta que se realizó el pasado martes frente a las instalaciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), en Tegucigalpa.
Durante el confinamiento por la pandemia, el pueblo garífuna reportó el asesinato de Edwin Fernandez, de 31 años, en la comunidad de Río Tinto, Tela, y 2 meses después el secuestro de 5 pobladores de la comunidad del Triunfo de la Cruz.
«La misteriosa desaparición de los 5 jóvenes en Triunfo de la Cruz, a manos de supuestos agentes de la DPI (Dirección Policial de Investigación), ha dado lugar a un sinfín de conjeturas, algunas de ellas alimentadas por la élite de poder, que se siente afectada por la sentencia de la CIDH, la cual es enfática en la devolución del denominado Lote A1. Las mansiones y hoteles boutique establecidos de forma dolosa en tierras comunitarias, se han constituido en un enorme obstáculo para lograr el cumplimiento de la sentencia», explica la Ofraneh en un comunicado. Además esta organización ha venido denunciando que uno de los garífunas secuestrados, Snaider Centeno, presidente del patronato de Triunfo de Cruz, se había opuesto a plantaciones de palma africana que invaden el territorio en Punta Izopo, y que esto podría haber traído amenazas y el posterior secuestro.
Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Honduras tiene 190 mil hectáreas de palma africana, extendidas Cortés, hasta Colón, en el norte de Honduras, los departamentos donde están asentadas las comunidades garífunas. La plantación de palma aceitera se ha extendido en los parques nacionales y las reservas y ha sido responsable de la pérdida de humedales.
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Las comunidades siguen exigiendo consulta
A pesar de que Honduras ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla sobre el derecho de los pueblos originarios a ser consultados en la toma de decisiones de sus derechos colectivos, aún no se cumple este derecho, según miembros del Comité pro Defensa del Ambiente de Puerto Cortés.
Las comunidades de El Faro, los Mangos, San Isidro, San Ramón y Marejada, de Puerto Cortés, han realizado diferentes denuncias desde 2019, luego de que se realizara un relleno en un predio cercano a estas comunidades, donde se está construyendo una planta térmica.
Patricia Puerto, miembro del Comité pro Defensa del Ambiente Vecinos de Puerto Cortés, manifiesta que los dueños de esta planta es Rentas Americanas Honduras S.A. de C.V. de grupo Laeisz. «Nosotros nunca fuimos consultados de ninguna manera, ni por los patronatos, todos sabemos que para aprobar esto se debe de convocar por todos los medios pero nunca lo hicieron con nosotros, solo tomaron en cuenta a miembros del patronato y a familiares de estos, ya que en el documento que nos hizo llegar la alcaldía solo firman 48 personas».
En Honduras, el único mecanismo de consulta legalizada es la consulta ciudadana, pero actualmente existe un anteproyecto de ley denominado Ley de Consulta Previa Libre e Informada, que ha sido rechazado por varias organizaciones comunitarias. En 2018 se realizó una asamblea por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (Odhpin), con la representación de los 7 grupos étnicos que aseguran que esta es una iniciativa racista que servirá para estar al servicio del gobierno y el exterminio de los pueblos.
El caso de Guapinol
La criminalización de los defensores ambientalistas de Guapinol, llegó a un nivel preocupante durante la pandemia. La Corte de Apelaciones revocó un sobreseimiento a favor de 5 defensores ambientales de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, el cual fue otorgado en marzo de 2019, enfrentando así actualmente un auto de formal procesamiento, al que se le suma la criminalización de más líderes ambientalistas. Actualmente guardan prisión 8 defensores más de esta zona, ahora recluidos, uno en la Ceiba, Atlántida y 7 en el Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro.
Juana Esquivel, quien pertenece a la Fundación San Alonzo Rodríguez, en Tocoa, Colón, asegura que esta es una persecución y hostigamiento político, «esto lo hacen para hostigar a quienes nos manifestamos en contra de dos proyectos mineros aquí en la región, realizando la criminalización por 3 vías, una es por las redes para generar una campaña de desprestigio contra las organizaciones que están en lucha, otra vía es la militarización en las comunidades y la otra es la persecución y hostigamiento judicial para lograr encarcelar a las caras más visibles y así enviar un mensaje al resto de las comunidades».
La comunidad de Guapinol, protesta en contra de una concesión minera aprobada en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, que en 2013 el Congreso Nacional redujo con la aprobación de un ajuste en la zona núcleo que le quitó 217 hectáreas para que esta minera se instalara. La empresa Los Pinares S.A., busca la extracción de óxido de hierro y ha previsto iniciar operaciones a partir del 2021, ya que el avance de la construcción de esta planta ha avanzado en un 60 %, que contará con un equipo para el procesamiento del mineral, así lo aseguró Edwin Torres, gerente de proyecto de Inversiones Pinares a los medios de comunicación en el pasado mes de febrero.
Esquivel condena la colusión que han tenido las autoridades con la empresa Inversiones Los Pinares, al otorgarles nuevamente el permiso de operación sin previa consulta: «la municipalidad de Tocoa ha sido cómplice para la autorización de estos permisos ilegales porque en el municipio nosotros denunciamos 2 empresas: Inversiones los Pinares e Inversiones Ecotek, ya que están instaladas de manera ilegal en nuestro municipio y la corporación municipal tiene responsabilidad administrativa y legal por prestarse a estos actos de corrupción».
«Todo esto es una avalancha del modelo extractivo que está arreciando sus ataques en contra del movimiento social en todo el país, utilizando desde secuestros, asesinatos y encarcelamientos para nosotros los defensores. Estamos viviendo momentos difíciles, pero las comunidades estamos firmes en la resistencia y defensa de los territorios, tanto como los que estamos aquí, como los que este gobierno ha encarcelado», finaliza Esquivel.
Conozca la historia de este caso aquí: Huir del despojo
Defendiendo el territorio sin acceso a la salud
Por otra parte, el panorama de la comunidad de Pajuiles, en Tela, Atlántida, es desfavorable, ya que los pobladores de esta comunidad enfrentan el desempleo y muchos no han sido beneficiados con las entregas alimentarias por parte del gobierno y mucho menos ha llegado a ellos el equipo de bioseguridad que las autoridades prometieron que llegaría en estas bolsas solidarias, así lo denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a través de un comunicado publicado el 13 de julio.
Víctor Fernández, miembro del MADJ —organización que desde 2008 ha acompañado las protestas de esta comunidad—, relata que una de las situaciones más críticas del escenario de la pandemia en la zona «es la falta de acceso a la salud, la descriminacion que se vive de parte de los funcionarios encargados de tutelar los derechos de todos a las comunidades en proceso de lucha como el caso de Pajuiles, las violacion de derechos humanos en todas sus facetas».
La resistencia del campamento denominado Campamento digno por el agua y por la vida, se instaló en Pajuiles en 2017 para realizar acciones en protección del río Mezapa, ya que en 2005 el Estado de Honduras otorgó una concesión con licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico sobre este río, a la empresa Hidroeléctrica Centrales el Progreso (Hidrocep) con una área de 2.7 kilómetros cuadrados, afectando las comunidades de la cordillera Nombre de Dios, Mezapa y Planes de Arena Blanca y en 2008 se le otorgó una licencia por un periodo de 50 años de vigencia.
Ante la llegada de la COVID-19, se han tomado diferentes medidas, «controles de bioseguridad para evitar que las personas de las comunidades contraigan la COVID-19. Esta acción coordinada responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado», puntualiza Fernández.
Pese a esta situación, Fernández relata que el confinamiento se vive en solidaridad en las comunidades. «Ha sido importante imponer el autocuidado durante esta pandemia, el campamento digno permanente es un espacio de solidaridad de hermandad para consolidarnos y enfrentar las adversidades como la violación de derechos humanos de las comunidades, pese a esto nos hemos mantenido unidos, hemos optado por la comida colectiva y no solamente con esta comunidad, sino que con otras que también enfrentan situaciones críticas».
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La pandemia hace más difícil la defensa del medioambiente para estas organizaciones y comunidades, mientras el gobierno muestre sus signos autoritarios y su prioridad para beneficiar los proyectos extractivos. En estos meses, El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), han demandado a los poderes Ejecutivos y Legislativo de Honduras, la firma del acuerdo de Escazú, este tratado internacional es un mecanismo que busca el acceso a la información ambiental para así lograr el acuerdo de las partes involucradas en proyectos de explotación de los bienes naturales. Este acuerdo fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Encontrándose abierto para su firma, ratificación o adhesión desde el 27 de septiembre de 2018, hasta el 26 de septiembre de 2020
De igual manera la CIDH ha pedido a los Estados de América por medio de un comunicado de prensa que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales, para prevenir daños y violaciones de derechos humanos a las comunidades y que cumplan con el Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de Escazú, de lo contrario los Estados no deben intervenir ni aprobar ninguna actividad industrial o agrícola, sin haber aplicado los mecanismos de consulta y participación sin las normas internacionales, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
