Honduras comenzó en 2013 el camino hacia el cambio de matriz energética, actualmente, según datos recopilados por el Foro Social para la Deuda Externa (FOSDEH) , existe poco más de 300 proyectos de generación de energía, de los cuales solo el 24.31% se encuentran facturando energía, es decir, vendiéndole su generación a la ENEE. Para el caso de Valle y Choluteca, ambos departamentos concentran un total de 74 proyectos de generación, de los cuales Choluteca tiene 16 facturando (1 Eólico; 2 Biomasa; 5 Térmicos; 8 Solares) y Valle concentra 2 proyectos de generación de energía facturando (1 hidroeléctrico y 1 solar).
Estos proyectos concentran alrededor de 33,238 millones de Lempiras en exoneraciones fiscales. 4,583 millones de Lempiras en Impuesto Sobre la Venta y la Renta y 28,700 Millones de Lempiras en exoneraciones fiscales. Dinero que deja de percibir el Estado de Honduras y que representa el 12.72% del Presupuesto General de la República de 2019.
Exoneraciones que no son justificadas puesto que información adquirida a través de los cortes programados por EEH demuestran que solo en 2017 los hondureños pasaron 6,310 horas sin energía y en lugares como Ceiba, Olancho, El Bajo Aguan o Comayagua pueden pasar hasta 12 horas sin energía eléctrica.
El gobierno de Hernández además ha aprobado un plan llamado «La hora del sur», en el que estos proyectos más la infraestructura en carretera construida por el corredor seco mejoraría el comercio en esta zona y habilitaría el puerto del golfo de Fonseca, todo unido a su plan de Zonas Especiales de Desarrollo en Valle y Choluteca.
«Esta infraestructura tiene el sentido de resolvernos un problema, ese conflicto eterno que hemos tenido en el Golfo de Fonseca, porque el desarrollo económico de los pueblos va a superar las diferencias políticas entre los países, porque al final se trata de empleo y desarrollo», Hernández habla de la eterna disputa de territorio entre El Salvador y Honduras, por el cual la Isla Conejo pasa resguardada por miembros de la Fuerza Naval y las Fuerzas Armadas de manera permanente.
«A esta infraestructura vial que estamos construyendo viene a unirse el programa Honduras 20/20 para generación de empleo, con el que pretendemos reforzar y repotenciar el aparato productivo del país en áreas como el servicio de industria, turismo, maquila textil, maquila de autopartes en el área automotriz, vivienda, call center y agroindustria», explica Hernández su plan en la página oficial del gobierno.
Sin embargo, el sur se ha vuelto más conflictivo, no solo por las protestas ininterrumpidas del Bastión del sur en Choluteca, también en el último año, Choluteca y Valle se han convertido en departamentos más violentos, aumentando su tasa de homicidios.
Un abogado de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) en la oficina central de Tegucigalpa habló con nosotros en condición de anonimato, y nos mostró un mapa en el que Choluteca y Valle progresivamente fueron cambiando de verde a amarillo y a rojo, poco a poco aumentando la incidencia de delitos como la extorsión y el homicidio.
«En la zona sur en orden de peligrosidad hemos identificado que la principal amenaza la genera la Mara Salvatrucha. Por su capacidad organizativa y su evolución se enfoca en dos aspectos que generan muchos daños como los homicidios múltiples: el interés de ellos por ocupar los espacios de los narcotraficantes, los que llegaron a ser hasta carteles aquí en Honduras, y la otra situación es el concepto de lavado de activos, ellos miran estos grupos poblacionales, estas zonas del país donde hay actividad económica significativa entonces pretenden ir allí a lavar el dinero y cometer sus actos ilícitos, ese es uno de los principales motivos de la incidencia significativa de peligrosidad.
Uno, hoy mira la ciudad de Nacaome y uno se sorprende de ver la actividad económica que ya hay tanto turística como agroindustrial, actividad comercial independiente, no se ven grandes cadenas pero sí muchos mercaditos, tiendas de electrodomésticos», explicó.
Ese es el desarrollo que se ve en el sur, la migración de las estructuras criminales, su expansión. Y ante esto, los asesinatos. El día que llegamos a Nacaome el ambiente estaba tenso, el día anterior hubo un asesinato, un joven conductor de mototaxis fue tiroteado frente a su casa, frente a su madre. En marzo de 2019 también hubo un asesinato de alto impacto, el de Gabriel Hernández, periodista local, según varias personas cercanas, crítico del gobierno local y de los proyectos solares.
Un hombre al que llamaremos José, por seguridad, nos recibió en su casa, nervioso, con delirios de persecución. José es el custodio civil que el Mecanismo de Protección asignó a la viuda de Gabriel. Intentó irse en la caravana migrante también y regresó voluntariamente, pero José antes ya había estado en el norte y había regresado en 2002. Se relaja contando que le pintó una vez la casa al periodista Fernando del Rincón y que lo regañaba de vez en cuando por ser tan derechista.
«En la caravana, ya en Tijuana, me preguntaron qué pedía y yo pedía asilo para todos, tenía los pies llagados, les decía yo que en el país de nosotros estaba todo malo porque los mismos gringos habían puesto a JOH, yo estuve cuando se hicieron las demandas de la caravana a la embajada, la salida de JOH, la salida de los gringos de Palmerola y 50 mil dólares para la gente», cuenta y ve nervioso un vehículo que se ha estacionado en la esquina de su casa.
«Mire, acaba de salir una caravana de Choluteca, yo anduve antier por allá y dicen que va a salir otra y gente huyendo de Nacaome, de aquí se fueron al menos unas 33 personas en esa primera caravana, algunos están en México, solo 5 he visto de regreso aquí. Yo me regresé porque yo solo fui a ayudar a organizar la caravana, yo hablé con Bartolo y yo como era tramitador en el Amatillo, entonces por eso me llamaron. No me he regresado por no dejar sola a la viuda de Gabriel y a mi mamá», explica.
José cuenta que estaba en su casa, viendo en la televisión un partido de fútbol cuando escuchó los tiros. Recién había regresado de la caravana.
—Bum bum bum
—Me llama la muchacha y me dice: vaya a ver si es cierto que es a Gabriel que lo balearon.
Siempre hay un ojo, ya a él ya se la habían cantado, él fue a los DDHH y no le quisieron ayudar. El hechor solo busca a la persona, cuando él viene, le dispara un cipote en bicicleta, dicen que los agarraron pero no. Aquí está pasando esto, aquí está fea la cosa, solo dios que anda con uno, hace poco mataron a un muchacho en mototaxi aquí. En la caravana uno se quita el estrés, es peor estar aquí.
Gabriel acudió al Comisionado Nacional de Derechos Humanos pero no hizo denuncia formal ni allí ni en la policía, tampoco pidió ayuda en el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas, según corroboró Danilo Morales del Mecanismo.
En Nacaome nadie quiere hablar, ni el alcalde, a quien buscamos cuatro veces y nunca estaba en la alcaldía. Víctor Flores, es un alcalde del Partido Liberal que ya lleva 3 periodos en el poder. Afuera de la alcaldía había algo de concurrencia, gente que llega de las comunidades más pobres de Nacaome a pedir ayuda o a reunirse con el alcalde porque forman parte de alguna comisión. Allí afuera nos encontramos a Edy, una señora de una aldea que se llama Juancho (ella se rió cuando nos dijo el nombre de la aldea donde nació y de donde nunca ha salido). Es una aldea de 40 casas más o menos, las que están habitadas, porque muchas ya están vacías porque la gente se ha ido. La gente vive de la agricultura, en realidad de jornalear en milpas ganando 100 lempiras diarios. Ella tiene a su hermano preso en Estados Unidos porque se fue y lo agarraron en frontera y cuenta que a diario se va la gente, con coyote o sin coyote. Estaba esperando al alcalde porque quiere pedir una ayuda para otro hermano que tiene una discapacidad y no se da abasto para mantener.
Nacaome es la ciudad más violenta de Valle, se dice así de un pueblo donde hubo en 2017 menos de 40 homicidios pero que para su tamaño y su tradición de ser «pacífico» es alarmante.
Pero Nacaome también ha sido noticia en los últimos años porque a apenas 10 minutos del pueblo está la planta solar más grande de Centroamérica: COHERSSA y Pacific Solar. En ninguna de las dos plantas aceptaron hablar con nosotros ni cuando lo solicitamos presencialmente ni cuando enviamos el correo electrónico de manera formal. Ambas empresas tienen contratos muy beneficiosos con el Estado de Honduras quien les paga de incentivo casi 200 millones de lempiras anuales más el contrato por compra de energía, lo que hace que esta fuente aunque sea renovable, sea mucho más cara para el Estado.
Actualmente estos proyectos siguen ampliándose y están generando 100 MWH. En 2015 tuvieron resistencia por parte del movimiento ambientalista MAS VIDA por la deforestación que significó para la zona la instalación de este parque solar. Los socios fundadores de COHERSSA son Joanne Pellman Callis cuyos socios también son dueños de la empresa IRESA constituida en Honduras y en Panamá, además de una empresa minera llamada Minerales y Agregados de Honduras también constituida en San Pedro Sula.
Nadie vincula la escalada de violencia con la instalación de este parque solar, sin embargo sí generó críticas y la gente en el pueblo no se siente beneficiada.
En Nacaome no hay trabajo y la migración es algo común, algo que desde siempre ha sido parte de la dinámica de la zona. No hay trabajo, pero sí hay remesas y lo que se dinamiza es la economía ilegal, la venta de droga. En este pueblo apenas y hay agua potable, el servicio de energía es caro y precario y la institucionalidad no funciona, la ley del más fuerte, del cartel que gobierne, es la que vale. En el pueblo hay 4 radios locales y 3 canales de televisión, la gente se informa de lo que pasa allí en su vecindad pero nadie afuera de allí sabe qué pasa, nadie sabe que quizá allí hay una tasa de homicidios que ya le hará competencia a San Pedro Sula y a nadie le importa un pueblo que no produce nada.
La Fiscalía cuenta apenas con 6 fiscales para todo el departamento de Valle y el norte de Choluteca. La situación empeoró cuando se capturó a uno de los mayores distribuidores de drogas en la zona en mayo de 2018, a partir de allí comenzó la guerra por la plaza y por la ruta. De mayo a octubre de ese año los homicidios aumentaron y cambiaron de ser los comunes por la «idiosincrasia de los pueblos», nos dice un fiscal en el anonimato, habla de rencillas familiares y asesinatos de machete en aldeas, ahora se habla de sicariato. Cuando sucedió el asesinato de Gabriel, su fiscalía apenas y participó en el levantamiento cadavérico y en algunas cosas logísticas apoyando a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad de Alto Impacto que venía de Tegucigalpa, y no conocen nada del caso. Esta oficina de 6 fiscales ya ha pedido apoyo de agentes de la lucha contra el narcotráfico y tienen la esperanza que nombren más fiscales este año ya que la situación empeora y ellos trabajan con el riesgo y sin los recursos necesarios para sobrevivir al trabajo.
Farah Flores de la Unidad Municipal de Atención al retornado en Nacaome que funciona en la oficina de gobernación, nos contó que de Valle, es en Langue y Alianza donde hay más incidencia de jóvenes retornados y que de Nacaome han atendido en su oficina a 45 de los cuales 6 ya se volvieron a ir. En Langue y Alianza cuenta Farah, hay altos niveles de deserción escolar por la migración y son municipios que se están quedando vacíos, esos que han sido prometidos para las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo.
El asesinato de Gabriel consternó a todo el pueblo, nunca habían asesinado a un comunicador y activista político de su perfil, aunque en Nacaome hay activistas desplazados por riesgo, es el caso de German Chirinos, coordinador del movimiento MAS VIDA.
German es coordinador del movimiento desde 2015, su organización ha analizado el plan de las ZEDE, y trabaja con comunidades en defensa de territorios, y acompaña casos de ambientalistas criminalizados, que en la zona sur ya suman más de 80.
«El Banco Mundial nos vendió a nosotros la falsa idea con una campaña que al implementar estos proyectos tendríamos energía más barata, energía de calidad, generación de empleo, desarrollo comunitario. Con el pasar de los años, porque desde 2013 los tenemos, ya podemos decir que no es cierto lo que nos vendieron. Energía de calidad, mentira, apenas cae la lluvia y se nos va la luz; energía mas barata, no es cierto, tenemos la más cara del país; que tenemos generación de empleos no es verdad, se contrataron unas dos mil personas durante el proceso de construcción pero una vez construido no hay», explica German y menciona que los proyectos son corruptos y arrastran violencia, menciona lo que meses después se publicaría en el informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la industria energética de Honduras: Un perfil de David Castillo.
David Castillo está siendo procesado judicialmente por ser autor del asesinato de Berta Cáceres en 2017. Empresario hondureño, ex funcionario público y oficial de inteligencia militar en condición de retiro vinculado a la empresa de energía fotovoltaíca PRODERSSA que a su vez tiene supuestas conexiones con la organización narcotraficante denominada Los Cachiros, actualmente en proceso de investigación en Estados Unidos.
El informe Violencia, Corrupción e Impunidad en la industria energética de Honduras: Un perfil de David Castillo establece que en agosto de 2014, la compañía de Castillo PEMSA (Panamá) y el propio Castillo se convirtieron en los únicos accionistas de la compañía de energía Producción de Energía Solar y Demás Renovables SA de CV (PRODERSSA), concesionaria del proyecto Agua Fría II en Nacaome que terminó en manos de de accionistas extranjeros, KLP Norfund Investments y Scatec Solar, y se aumentó el capital de la compañía.
PRODERSSA celebró acuerdos de financiación con Export Credit Norway (Eksportkreditt Norge) y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI). La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del sector privado del Banco Mundial, tenía una inversión de capital de $10 millones cuando CIFI aprobó una línea de crédito a PRODERSSA y firmó una hipoteca con Castillo en febrero de 2015. En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada «Los Cachiros». En 2019, luego del arresto de Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo.
El 5 de marzo de 2018, la Fiscalía hondureña anunció que había arrestado a varias personas, ejecutado 58 redadas y confiscado numerosas empresas relacionadas con el lavado de dinero por parte de los hermanos Rivera Maradiaga. PRODERSSA fue fundada como una empresa de energía solar por Roberto Arturo Mejía Salgado en sociedad con la empresa Inversiones Agroindustriales del Pacífico SA de CV en abril de 2013. El padre de Mejía Salgado, Francisco Arturo Mejía, fue el notario que creó el documento legal que funda la empresa, lo cual es prohibido por la ley hondureña. El 18 de marzo de 2019, la Fiscalía hondureña, con el apoyo de la MACCIH, presentó cargos contra Roberto Arturo Mejía Salgado por soborno doméstico y contra Francisco Arturo Mejía por soborno y fraude doméstico como parte de la Colusión y Corrupción del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, acusándolos de ser parte de una red de corrupción que supuestamente defraudó al Estado de Honduras utilizando la Unidad Especial para Proyectos de Energía Renovable. Según la Fiscalía de Honduras, sirvieron como representantes de la familia Rivera Maradiaga.
German dice que todo está coludido, este nuevo informe ahora lo respalda. Por hablar así antes, a German casi lo matan.
«Mi primer atentado fue un secuestro que tuve el 6 de enero del año pasado, estaba en mi lugar de trabajo cuando llegaron tres hombres fuertemente armados y me llevaron, en ese momento la intención era asesinarme, me sacaron de la zona, me tuvieron no por mucho tiempo, a eso de las 9pm me dejaron en libertad, lo que querían era información del quehacer nuestro, al final creo yo que tuvieron compasión. El Estado de Honduras hizo sus análisis y mi situación es bastante riesgosa, obtuve medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también tuve que salir del país por seguridad, fui beneficiario de Shelter City de los países bajos y ellos han presionado para que el Estado reconozca que mi seguridad depende de él. A pesar que yo he tenido apoyos, mi familia no. Nosotros no estamos luchando contra cualquier cosa, es contra el poder donde se están perdiendo millones de dólares», contó.
Según la organización inglesa Global Witness, Honduras es el país más peligroso para la defensa del medioambiente con más de 120 asesinatos de ambientalistas desde 2010. Después del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2017, esta situación se ha vuelto más visible y ha empeorado.
«De Nacaome, líderes que estaban en lucha se fueron en la caravana, no hay que juzgarlos, cualquiera tiene miedo, del MAS VIDA del departamento (Valle) se nos han ido 7 personas hombres y mujeres por el miedo, las amenazas y todo eso», concluye German.
El parque solar que no se construye aún
Isis Ondina Velásquez, habla conmigo por whatsapp, actualmente vive en Estados Unidos. Ella decidió huir de Namasigüe, un municipio de Choluteca, en 2016 después que con su comunidad organizada lograron que no se construyera el proyecto fotovoltaico Los Prados II. Su aldea, tiene alrededor de 700 personas adultas, el municipio cuenta con alrededor de 30 mil habitantes, eminentemente rural.
A la comunidad San Jerónimo, también llamada Los Prados se llega por una calle de tierra y hay que avisar al patronato antes de llegar de sorpresa, la desconfianza es grande y cuidado se confunden los carros con los de la EEH.
Isis dice que huyó de un proyecto que les estaba quitando la poca tierra que tienen, las pocas posibilidades de sobrevivir de una agricultura cada vez más golpeada por la sequía. Tambié huyó de la corrupción.
En noviembre de 2018, el periódico digital Revistazo realizó la investigación «Quemados» usando datos de fuentes abiertas de información para descubrir que casi todas las empresas contratadas por la ENEE en enero de 2014 para generar energía fotovoltaica, fueron constituidas para hacer un gran negocio, no para generar energía. Comprobaron que de 21 empresas, con contratos y concesiones en Nacaome y Choluteca, 17 habían existido por apenas un año o menos antes de firmar contratos con el Estado. Asimismo, 15 meses después de la firma de los contratos, 17 de las 21 empresas ya habían sido vendidas en su totalidad a socios distintos a los que fundaron las empresas.
«Las seis empresas creadas por Liana María Bueso y Jim Eloy Muñoz constituyen el ejemplo más extremo: tras constituirse en agosto de 2013, solo pasaron entre 5 y 7 meses antes que estos fundadores habían vendido sus acciones, presuntamente ganando una gran cantidad de dinero con poco esfuerzo mediante este proceso», explica Revistazo.
Una de estas empresas es Fotovoltaica Los Prados S.A. y la otra empresa es Energías Solares S.A. que terminaron en manos de Scatec Solar de Noruega, justo con el mismo procedimiento de las empresas de David Castillo en Nacaome.
Entre los socios de estas empresas, figuran el yerno de un ex presidente, una ex candidata a diputada por Francisco Morazán, el esposo de una ex candidata a vicealcaldesa de San Pedro Sula, y un notario ligado a Los Cachiros.
Visité las instalaciones que aparecen en los contratos de la ENEE, en el parque industrial Los Delfines en San Pedro Sula, las empresas fotovoltaicas no existen y lo que hay es una empresa local, del mismo empresario Jim Eloy Muñoz llamada Noble, que se dedica a importar artículos para la reventa. El empresario evadió nuestras llamadas a través de su asistente.
Isis dice que es la empresa noruega la responsable de su decisión forzada de migrar. Los noruegos y las autoridades locales. «Comenzamos el pleito con el alcalde en diciembre de 2015 y en enero de 2016 sacamos las máquinas. El alcalde se reía de todo lo que decíamos. Nosotros escuchamos de la lucha de Berta por su asesinato y supimos que ella se defendía de estos proyectos, entonces fuimos a Vía Campesina para que nos conectara con los representantes de su organización. Era la primera vez que yo participaba en algo así y no sabíamos dónde acudir. El alcalde miraba que yo era la que iba a las reuniones y me oponía a los proyectos. En ese tiempo, un hombre en moto me robó el celular y me dijo que dejara en paz el proyecto, que ya sabía que yo era la que le decía a la gente que se opusiera, los vecinos me decían que hombres extraños en motocicleta rodeaban mi casa, todo mundo nos conocemos en la comunidad y esos eran hombres extraños», cuenta Isis, quien con un amigo que conocía el camino llegó hasta México donde perdió a su guía que fue capturado y pidió apoyo en un albergue para migrantes. Pasó la frontera de Estados Unidos después de un mes en México y está actualmente en solicitud de asilo. Mientras tanto porta un grillete que no le permite sacar permiso de trabajo y vive del apoyo de algunas personas que a pesar de la restricción le dan trabajos temporales en limpieza de casas.
«Antes del proyecto, la comunidad era tranquila, vivíamos bien, yo trabajaba cuidando los niños de mi hermana que estaba en EEUU en ese tiempo». Isis es una de cinco hermanas, de las cuales solamente una ha quedado ya en la comunidad, Elva quien se quedó cuidando de su padre y los 12 niños que suman sus sobrinos.
En 2017, la organización no gubernamental C-Libre contabilizó al menos 14 pobladores y pobladoras de seis comunidades del municipio de Namasigüe enfrentando un proceso penal por oponerse a la instalación de la empresa fotovoltaica.
«En Los Prados hasta presos hubo por oponerse al proyecto. Yo decía que nunca me iba a ir de mi comunidad, que no iba a dejar a mis niños porque yo miraba a mis sobrinos que sufrían, yo decía que nunca iba a huir del país. Me hace falta todo, pienso en mis niños, en mi familia, en la gente que lucha, me preocupo. Hace poco, una sobrina que yo dejé metida en la lucha se vino en caravana pero aun no sé nada de ella, otro compañero que estuvo conmigo oponiéndose al proyecto también salió», sigue hablando Isis.
Armando Amador, actualmente presidente del patronato de Namasigüe nos recibe en una champa que tienen aun como campamento vigilante para que no lleguen máquinas, esto después de 3 años.
«Pues aquí apareció una empresa con el nombre de Scatec Solar, parece que han ido negociando y cambiando nombres, ahora aparece una mentada FotoSol, han ido haciendo negocios, la primera le vendió a otra y así, siempre para estarlo chingando a uno aquí», explica. Armando anda acompañado de un hombre armado, teme por su vida. Ese día iba de camino a los Juzgados en Choluteca para firmar por las medidas sustitutivas que obtuvo después de ser acusado por daños contra la empresa.
Armando teme por su vida porque de este conflicto ya resultó una persona asesinada. Su compañero de lucha Reynaldo Reyes. La gente en la aldea habla con mucho miedo de este tema. Apenas sucedió a finales del año pasado y la situación se torna más confusa con la división que ahora reina en ese lugar tan pequeño y olvidado.
A Reynaldo lo encontraron muerto. Todos coinciden en que ya había dejado la lucha y que había comenzado a aceptar el proyecto, incluso que aceptó dinero de la empresa para desarrollar proyectos locales, también coinciden en que su familia culpa a la gente que se oponía al proyecto. La impunidad en este caso solo genera más terror.
Una mujer interrumpe la conversación sobre el dinero entregado por la empresa para proyectos.
—Él era de acá, él se nos había salido, él andaba con la otra gente por las regalías que daba la empresa. Le habían ordenado que nos quitara la bandera, él sabía que le iba a doler porque la comunidad se iba a enojar, entonces no lo hizo.
Habla de Reynaldo
—Sí, hay un 30% de la gente que se ha sometido a tener problemas con los que no queremos esos paneles solares. Conflictos con la comunidad, división. Fue por esto. Mucha regalía dio esa empresa. Aquí nos golpeamos, aquí había gente que nos vigiaba y nos insultaba, pero no nos hemos corrido, vivimos cerca de las playas y también vivimos del pescado, al otro lado es una cañera que hay que también nos dañan con los insecticidas y luego vienen a dañarnos también la vida esas plantas solares, quedamos en medio, no es justo.
El problema que se repite en las comunidades con proyectos de este tipo, confusión por falta de consulta y luego la división de las familias, violencia desatada y más confusión.
—Reynaldo estaba criminalizado cuando lo mataron, ahorita solo he quedado yo así, la empresa lo endulzó haciéndole ofertas, lo intimidó: aliate a nosotros y te vamos a quitar esa demanda. Habíamos veintialgo y de esos solo hemos quedado como 9 u 8 que no hemos querido aceptar el chantaje para conciliar con ellos. Eso es mentira porque la demanda no se la retiran, de nada sirve hacer un convenio y que sea mandadero de ellos al final, ellos me dirían que desintegre el movimiento aquí.
—Tanta gente que se ha ido en la caravana, y no es que a EEUU la gente va a nada, se va a trabajar porque nadie le regala nada a uno. Es la única opción que tiene uno en este país tan comido de mierda que vivimos, le interrumpe la más joven del grupo.
Elva Vásquez, la hermana de Isis Ondina se queja: «una vez a mi me salió un recibo de la luz por 26 mil lempiras, tuve que pelear, porque de dónde me iba a salir eso si mi casa es pequeña».
El alcalde de Namasigüe, Douglas DaVicente cumple ya su cuarto periodo consecutivo administrando el municipio. Él no habla bien del proyecto, dice que los incentivos aprobados por el Congreso Nacional para empresas de energía renovable han afectado los municipios quienes se han quedado sin los impuestos que estas empresas deberían generar por operar en sus territorios. Ratifica, no hay tampoco trabajo ni beneficios, solo conflictos.
«La gente migra porque no hay oportunidades es difícil conseguir trabajo, las pocas empresas que hay no han crecido no siguen haciendo mayor inversión, la gente vive de los trabajos en las meloneras, piñeras, ocra, camaroneras, y de sus cultivos temporales: maíz, frijol, maicillo en poca escala por la enfermedad del pulgón amarillo después de eso ha bajado la siembra y la gente tiene temor, la gente ya no quiere arriesgar, hay plantaciones de marañón. Namaigue es el que mas marañon tiene, mango de diferente tipo, de eso vive la gente temporalmente y de las remesas, aquí un promedio de jóvenes que se han ido, 90% envía semanalmente a sus familiares».
Sin embargo, DaVicente culpa a las ongs defensoras del medioambiente por sembrar el conflicto en las comunidades con proyectos. En otros municipios estas ongs incluso han sido declaradas non gratas, como en La Unión, Copán, donde opera una minera extractora de oro y plata.
«El problema de Los Prados es cuando llega gente ajena a la comunidad y la gente se deja manipular, la ultima reunión que tuve, que logré conciliar con ellos, personas de Los Prados que quizá se expresaban mal de mí por desinformación, una vez que nos sentamos y dialogamos y fui explicándoles paso por paso las cosas hasta se disculparon, cuando nos sentamos las dos partes es cuando descubrimos realmente la verdad, entonces lo que ha sucedido es que llegaron personas de ong´s que tienen una agenda que desarrollar y quizá esa no es la agenda de la gente, cuando llega eso se dividen las comunidades», explica.
Pero también se contradice y cuenta que el problema se da a raíz de que la empresa no le da trabajo a la comunidad, se suscribe un convenio y no se cumple entonces la gente protesta y luego llega esa gente y se vuelve todo intolerable.
«Yo hablé con los demás alcaldes para conseguir algo a las comunidades y propusimos una tasa de socialización, solicitamos 10 millones y se nos aprobaron 5 y a cada municipalidad se nos dio 1 millón 250 mil para 4 comunidades impactadas, fueron tres desembolsos, la comunidad recibió, el proyecto se construyó y la comunidad siguió dividida».
Los proyectos solares se aprobaron en 2013, y el alcalde dice que a su municipio se presentaron dos tipos de propuestas, fotovoltaicas y energía térmica. «Yo hice los reclamos en la AMONH porque estas empresas están exoneradas de permisos de operación. Al momento de cambiar la matriz energética en qué cabeza cabe que el precio va a bajar, todo va a ser concertado pero eso solo lo conocen el Ejecutivo y el Legislativo, aquí cada quien hala agua para su molino y vivimos en una mentira permanente», para DaVicente todas las partes mienten, miente el gobierno diciendo que habrá beneficios en el cambio de la matriz energética para las comunidades sin acceso a la energía y mienten las ongs diciendo que estos proyectos afectan el ambiente.
«Con el tema de la fotovoltaica aquí vinieron los inversionistas a preguntar cuánto era que iban a pagar pero ya aparece un abogado y dice que la ley exonera, pero el inversionista viene con deseo de pagar, la alcaldía perdió más de 100 millones de lempiras solo por permisos de construcción, nosotros perdimos el desarrollo, el Estado nos dio 9 años de atraso», y asegura que las ongs ambientalistas lo presionan porque no quiso declarar el municipio libre de minería porque para eso se necesita hacer una consulta vinculante, no es algo que como corporación puede decidir él, asegura.
«Porque aquí hay gente atravesada y como el gobernante solo quiere más problemas, aquí no hay nada que hacer», agrega, y dice que toda la conflictividad política del sur de Honduras estalla con las elecciones, la gente está harta que no la escuchen.
«Si se va a los molotes que hay en todas partes de Honduras siempre hay un sureño, los sureños somos los más revoltosos, aquí convivimos permanentemente con un sol radiante, nuestra mente está más activa, vaya donde sea y encontrará un líder que es sureño, la ciudadanía está insatisfecha porque no hay oportunidades además de trabajo, la canasta básica y servicios públicos cada vez más elevados, entonces la gente migra, quienes se dedican a delinquir es quizá el 1%, un gratuito nos tiene en zozobra a nosotros. Es bien difícil la situación del país, pero qué se puede hacer», termina resignado.
